Bogotá, Cúcuta y Maicao/Riohacha

Esta investigación consiste en una Evaluación Rápida del Ecosistema de Información (IEA), la cual aborda el flujo de información para acceder a servicios relacionados con la protección de derechos de la comunidad venezolana migrante y retornada en Bogotá, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Maicao y Riohacha en La Guajira. Este análisis se hace desde la demanda de esta población por dicha información.

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Mediante esta investigación, se busca comprender cómo se accede a y fluye la información en las comunidades.

¿Por qué estas cuatro ubicaciones?

Bogotá y Cúcuta representan las ciudades con los mayores registros de población migrante con intención de quedarse en el país, según una encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizada en 2020. Maicao y Riohacha se incluyeron en este estudio inicial para tener datos del flujo de información en una zona fronteriza muy porosa. Los cuatro municipios hacen parte de los ejes geográficos de Conectando Caminos por los Derechos.

Allí, se tratan temas importantes para incentivar el acceso a la información en derechos y rutas de acceso a la protección de derechos entre migrantes, población retornada y comunidades de acogida. Los temas que se identificaron fueron:

  • La relación entre la falta de documentos y la explotación laboral. La falta de documentos como primer eslabón en cadenas de vulnerabilidades (trabajo, salud, educación).

  • El bloqueo en el acceso a información y discriminación de parte de los “gatekeepers” informales de las entidades pertinentes para la protección de los derechos de los migrantes, como los empleados de servicios generales.

  • La necesidad de mejorar la articulación entre las instituciones y entidades del Gobierno para guiar a las personas hacia mecanismos efectivos de protección de sus derechos.

  • Las barreras que dificultan el acceso a la información, como la discriminación.

  • La importancia de un sentido de comunidad.

  • La experiencia de otras personas y cómo esto afecta la toma de decisiones.

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¿Quiénes fueron encuestados?

La mayoría de los encuestados se encuentran dentro del rango de productividad laboral: el 34.7% tiene entre 30 y 39 años, y el 19.2% tiene entre 25 y 29 años.

El 57.5% se identifican como mujeres, el 39.9% se identifican como hombres y el 2.6% se identifican como transgénero.

En este caso, se trató de personas que se encuentran en Maicao y Riohacha. El 14.8% se identificó como perteneciente al pueblo indígena Wayuu.

El 75.2% son migrantes, el 22.1% son retornados y el 2.7%, pertenecientes a la comunidad Wayuu, se identifican como comunidad receptora o habitante de frontera.

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Necesidades de información

La falta de documentos es el primer eslabón en la cadena de vulnerabilidades

Además de la necesidad de información sobre servicios de salud durante la pandemia de COVID-19, también se destaca la necesidad de información laboral y migratoria dentro de la población migrante.

Estos aspectos son importantes para los migrantes porque representan una manera de alcanzar una unidad social, es decir, el poder prosperar independientemente en Colombia. Por ejemplo, tener la documentación legal que se requiere para trabajar formalmente y acceder a los servicios de salud y educación, entre otros.

El 58.2% de los migrantes encuestados están trabajando y, de ese porcentaje, el 80.92% lo hace informalmente y sin ningún tipo de contrato o prestaciones sociales porque no cuentan con documentación legal.

¿Qué se debe hacer entonces?

Es importante incrementar el acceso a la información sobre cómo obtener un documento migratorio (PEP, EPTV), pues este permite dar un primer paso para tener mejores condiciones de vida. Por ejemplo, tener una situación migratoria regular permite conseguir un trabajo con todas las condiciones que da la ley. A su vez, esto les ayuda a cubrir sus necesidades básicas y evitan caer en ciclos de vulnerabilidad, como tener que estar pendientes sólo del día a día.

Estar informados es complicado y no es una prioridad

Para los encuestados, la información que está disponible en las páginas web de las entidades a las que requieren acudir es difícil de entender y de encontrar. El 74.2% dijeron que no pudieron acceder, o que sólo pudieron acceder espontáneamente, a información clara sobre cómo utilizar los servicios para la protección de sus derechos.

También se observó que, debido a sus condiciones de vulnerabilidad, los migrantes no cuentan con el tiempo suficiente para investigar sobre mecanismos de acceso a la información al respecto, por lo que esto no se vuelve una prioridad para ellos. De igual forma, manifestaron que sus recursos económicos para acceder a herramientas tecnológicas (internet, datos móviles) son limitados.

Otro aspecto importante es que, a pesar de que existe información en alguna entidad, no hay una articulación clara entre las instituciones. Varios de los encuestados afirmaron que, cuando acuden físicamente a estos lugares para obtener información o algún servicio y llegan a la entidad equivocada, no reciben asesoría sobre cuál es la entidad competente.

Producción y movimiento

Estar conectado es muy distinto a estar informado

Debido a las medidas sanitarias impuestas en Colombia durante el 2020 debido a la pandemia de COVID-19, la manera en que los migrantes y los retornados se comunican ha cambiado, lo que ha fomentado un mayor uso de internet y de redes sociales.

Se encontró que el 85.23% tiene y usa redes sociales. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25.7% dijeron que no estaban muy satisfechos con la información suministrada pues esta no era útil o de calidad.

Dinámica de acceso

A las barreras físicas se suma la discriminación

El 79.78% de los encuestados afirmaron que habían experimentado, visto o escuchado expresiones discriminatorias hacia los migrantes venezolanos. Además, afirmaron que también han experimentado discriminación por su condición socieconómica, es decir, por “ser pobres”. A pesar de esto, un 20% de estas personas dijeron que habían ignorado o negado la existencia de esa discriminación. Es importante abordar esta invisibilización pues se convierte en otra barrera en el acceso a servicios para la protección de sus derechos, ya que los migrantes evitan hablar sobre su situación en entornos laborales o sociales.

Varios de los encuestados también manifestaron haber percibido una discriminación en el lenguaje utilizado por los medios de comunicación tradicionales. Esta situación es preocupante porque son estos medios los que podrían utilizar su influencia para promover un acceso más claro a estos servicios y la inclusión de esta población.

La discriminación también se ha visto en las respuestas que dan funcionarios de entidades que, si bien no están autorizados para dar información relevante, se convierten en una especie de autoridad para esta población, que no conoce el procedimiento. Por ejemplo, los empleados de servicios generales, como un asistente o un guardia de seguridad, son quienes terminan recibiendo a los migrantes y sus respuestas, en muchas ocasiones, muestran un cierto rechazo hacia ellos.

En la toma de decisiones y rutas de acceso a derechos, la experiencia de pares es lo más importante

Se encontró que el 65.5% de las fuentes de información para esta población pertenecen a fuentes no oficiales, pues son las que generan mayor confianza: familiares (15.9%), líderes comunitarios (14.3%), ONG o fundaciones locales (14.3%), redes sociales (12.3%) y miembros de la comunidad (8.9%).

Si bien los encuestados dijeron que confiaban en la información oficial publicada, es en el acceso a esos canales de información y la toma de decisiones donde importa más la experiencia de otros migrantes o retornados, pues es más fácil acudir a redes de apoyo debido a que es más accesible y más efectivo. Sin embargo, manifestaron que, si la información la escuchaban de pasada o la veían en un comentario en una red social, preferían verificarla con fuentes oficiales.

¿Cómo se comunican entre si?

Los encuestados mencionaron que, en su entorno cercano, conformado por su familia, amigos, miembros e influenciadores, es más importante el diálogo directo, ya sea en persona o mediante aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Facebook Messenger.

Son personas que pueden motivar una acción en esta comunidad mediante la información que ayudan a difundir. Su confiabilidad se basa en la cercanía física que tiene con la comunidad y las experiencias compartidas sobre su llegada a Colombia. Esta cercanía también es esencial a la hora de hacer llegar la información a las personas más vulnerables y que no cuentan con medios de conectividad.

Los migrantes son principalmente receptores y replicadores de información

Los migrantes encuestados mostraron ser más receptores que productores de información relevante para la protección de sus derechos. El 68.5% afirmó que usa las redes sociales para informarse sobre lo que pasa en su comunidad y sobre la actualidad general, el 44.7% afirmó que las usa para estar en contacto con su familia y el 42.1% afirmó que las usa para participar en algunos grupos de interés.

Se observó que no hay una priorización dentro de la comunidad de utilizar las redes sociales para buscar información sobre acceso a servicios como salud, trabajo o migración. Es por esto que los influenciadores son tan importantes, pues son ellos los que se encargan de producir y distribuir la información.

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  • Debe haber una mejor coordinación institucional entre las entidades que brindan servicios de protección de derechos a migrantes y retornados.

  • Se debe capacitar y sensibilizar al personal de estas entidades para una atención especializada al migrante, desde los cargos de servicios generales hasta los ejecutivos.

  • Se debe fomentar a las entidades para que mejoren su presencia y alcance en redes sociales, y que sus mensajes sean claros y permitan un acceso fácil en sus páginas web.

Establecer un diálogo intersectorial

Debe iniciarse un diálogo con las empresas de telecomunicaciones y de cooperación internacional para darle a esta población un acceso a herramientas digitales. También debe haber un diálogo con empresas privadas que pueden ayudar en el acceso a estas herramientas y a electricidad.

Propiciar redes de comunicación efectivas

Es importante lograr que esta población se apropie de las redes sociales y otros canales de comunicación, para que sean activos en la producción de información que tenga en cuenta su propia experiencia y sus necesidades y, a su vez, que esto sea tenido en cuenta por las personas con conocimiento del acceso a servicios de protección de sus derechos.

Fortalecer las capacidades a nivel comunitario

Capacitar a los líderes comunitarios en fuentes de información y rutas de acceso, ya que esto permitirá una distribución de información verificada y al día.

Diseñar e implementar estrategias de acceso a la información

Crear estrategias de comunicación con los medios tradicionales, para establecer narrativas adecuadas y que den una luz positiva sobre la inmigración; así como fomentar estrategias artísticas que luchen contra los discursos estigmatizadores a nivel local.