Resumen ejecutivo
ANÁLISIS DE IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
Este Análisis de igualdad de género e inclusión social ayuda a adaptar el programa a las necesidades particulares de la población migrante venezolana.
¿Cuál es el enfoque del gesi?
Este análisis se enfocó en mujeres, jóvenes y grupos marginados, y explora cómo el género, la orientación sexual, la identidad de género diversa, la edad y la etnia afectan los derechos, responsabilidades, roles y dinámicas de poder de esta población. El GESI también identifica brechas y oportunidades relacionadas con la población migrante y las comunidades de acogida.
¿Cómo se hizo el GESI?
Desde agosto hasta septiembre de 2020, se hizo una revisión de literatura y se llevaron a cabo trece entrevistas a informantes clave con 19 participantes, para identificar brechas relevantes en igualdad de género e inclusión social.
¿Qué poblaciones específicas fueron escogidas?
El GESI se enfocó especialmente en poblaciones vulnerables, es decir, mujeres, niños y niñas, jóvenes, comunidad LGBTI, afrodescendientes y comunidades indígenas. Además, se priorizaron temas como violaciones a derechos humanos tales como trata de personas, reclutamiento forzado, violencia basada en género (VBG) y desparación forzada.
¿Cuál fue la metodología utilizada?
Los resultados y las recomendaciones se presentan dentro de cinco áreas estándar de género establecidas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID):
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1
Leyes, políticas y prácticas institucionales
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2
Normas, creencias y percepciones socioculturales.
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3
Roles de género, responsabilidades y uso del tiempo
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4
Acceso y control sobre bienes y recursos.
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5
Patrones de poder y de toma de decisiones.
Mujeres
El perfil de las mujeres migrantes que llegan a Colombia difiere del de los hombres migrantes de forma significativa. Durante el tránsito entre Venezuela y Colombia, una de cada cuatro mujeres fue víctima de algún tipo de violencia en el camino, con tasas de violencia sexual siete veces mayores en comparación con los hombres (87.82% frente a 11.53%).
Según un estudio de openDemocracy, más del 75% de las muertes entre mujeres migrantes fueron catalogadas como homicidios violentos. Dentro de este porcentaje, el 6.6% se debieron a xenofobia y crímenes de odio y el 57.3% se debieron a feminicidio. De estas muertes violentas, más de las tres cuartas partes ocurrieron cuando la víctima había estado en Colombia durante menos de un año, lo que significa que el primer año de estadía en el país es el más importante para intervenir.
Jóvenes
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que las necesidades educativas de los menores de edad venezolanos en Colombia están en aumento. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, la cifra de estudiantes venezolanos matriculados en una institución educativa reportados en el Sistema Integrado de Matrícula Estudiantil (SIMAT) ha incrementado en un 1047% entre noviembre de 2018 y julio de 2020.
Muchas mujeres jóvenes embarazadas están huyendo del colapso del sistema de salud en Venezuela y deciden dar a luz en Colombia. Estos bebés están en riesgo de ser apátridas y necesitan ayuda para asegurarse que les otorguen ciudadanía. Sin embargo, se debe resaltar que Colombia ha otorgado nacionalidad a más de 24.000 bebés de madres venezolanas nacidos en el país.
Grupos étnicos
La comunidad Wayúu constituye la mayoría de la población en La Guajira, un departamento con las tasas más altas de inseguridad alimentaria en el país. Esta situación de pobreza generalizada puede llevar a resentimiento hacia los migrantes en las comunidades de acogida y a un aumento en las expresiones de discriminación y xenofobia. Para la comunidad Wayúu, la pobreza aumenta debido a la falta de presencia estatal, lo que hace que la región sea un epicentro del crimen organizado.
En Colombia, las personas afrodescendientes experimentan una educación inadecuada. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, la mayoría de las dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional que más afectan a esta población están relacionadas con las condiciones educativas:
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1
Bajo logro educativo (51.6% frente al 43.8% a nivel nacional).
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2
Rezago escolar (36.3% frente al 28.6% a nivel nacional).
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3
Analfabetismo (14.3% frente al 10.1% a nivel nacional).
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4
Inasistencia escolar (4.6% frente al 3.3% a nivel nacional).
Población LGBTI
Según el informe "Sentir que se nos va la vida: Personas LGBTI+ refugiadas y migrantes de Venezuela en Colombia, Ecuador y Chile" de la Corporación Caribe Afirmativo, los riesgos más comunes a los que se enfrenta la población LGBTI migrante en su desplazamiento hacia Colombia son: feminicidios y homicidios, trata de personas, violencia sexual, afectaciones a su salud mental y falta de acceso a la justicia.
Caminantes
Los llamados "caminantes" son migrantes venezolanos que llegan caminando a Colombia únicamente con la ropa que tienen puesta y lo poco que pueden cargar. Generalmente, se asientan en barrios informales en ciudades o zonas rurales que no tienen acceso completo a servicios públicos. Esta situación puede contribuir a resultados negativos en términos de salud y menos acceso a información en internet, lo que dificulta llevarles asistencia humanitaria.
Leyes, políticas y prácticas institucionales
Colombia tiene un marco legal extenso que apoya la equidad de género a nivel nacional, siguiendo estándares internacionales.
Por ejemplo, la Constitución Política de 1991 prohíbe cualquier forma de discriminación basada en el sexo y garantiza los derechos de las mujeres. La Constitución también establece que todas las mujeres disfrutan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación debido al sexo, raza, origen nacional o familiar, religión, lengua o afiliación política (artículo 13).
Colombia también ha ratificado acuerdos internacionales clave que promueven los derechos de las mujeres.
Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Una vez ratificados, estos instrumentos de derechos humanos se convierten en parte integral de la Constitución y aseguran la más alta jerarquía constitucional. Esto quiere decir que todas las leyes, políticas y regulaciones anteriores adoptadas a nivel nacional deben ser adaptadas o interpretadas de acuerdo con estos tratados internacionales.
Una iniciativa legislativa importante es la Ley 1257 de 2008.
Esta ley busca sensibilizar, prevenir, proteger y sancionar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres a nivel nacional. Esta ley prohíbe todas las formas de violencia en contra de las mujeres, incluyendo violencia doméstica, violencia económica, acoso sexual, entre otras.
Colombia ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
También ratificó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo). Teniendo en cuenta lo anterior, el Congreso de la República aprobó la Ley 985 de 2005, que adopta medidas en contra de la trata de personas.
La Ley 985 elimina el consentimiento de la víctima como una razón para que no se considere un caso como de trata de personas.
Esto permite una mayor judicialización porque los victimarios ya no pueden argumentar que las víctimas dieron su consentimiento y eran conscientes de las condiciones, sin importar si fueron engañadas después de aceptar.
la Ley 985 también creó el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas.
Este es un órgano consultivo del Gobierno y el órgano principal de coordinación de acciones en contra de este delito, ejecutado a través de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas. Esta norma obliga a cada autoridad territorial a crear un comité a nivel local. Cualquier persona puede acceder a los servicios que prestan estos comités, incluyendo la población migrante.
establecer una respuesta efectiva a la trata de personas es difícil.
A pesar de la existencia de este marco legal y de política pública, no hay un reconocimiento social e institucional ni claridad sobre este delito como una violación a los derechos humanos. Actualmente. el bajo registro de denuncias por trata de personas se debe a que las víctimas temen por sus vidas y las de sus familiares, porque no conocen los mecanismos de denuncia, porque desconfían de las instituciones y porque no existe un sistema de registro unificado.
Otro problema que se encontró es que la implementación de estas leyes varía a nivel regional y municipal.
También varía el nivel en el que los migrantes son reconocidos como un grupo vulnerable. La falta de capacidad gubernamental, presupuesto limitado y la falta de comprensión de las necesidades de esta población contribuye a altos niveles de impunidad en cuanto a violaciones de derechos humanos.
se han fortalecido las rutas de atención relacionadas con la VBG durante los últimos años.
Sin embargo, las rutas de atención relacionadas con la trata de personas aún no han sido establecidas adecuadamente y muchas instituciones tienen sus propios canales.
Normas, creencias y percepciones socioculturales
La cultura patriarcal persiste en Colombia y se posiciona al hombre como el proveedor y tomador de decisiones dominante.
Mientras tanto, las mujeres suelen ser relegadas al rol de cuidadoras pasivas. Aspectos como la masculinidad tóxica y la normalización de la violencia contribuyen a los altos niveles de violencia en contra de las mujeres migrantes.
En particular, las migrantes venezolanas son hipersexualizadas y consideradas como objetos sexuales.
Existen rumores amplios que estereotipan a estas mujeres como "prostitutas", "rompehogares" y "portadoras de enfermedades de transmisión sexual".
Roles de género, responsabilidadesy uso del tiempo
Tanto en Colombia como en Venezuela, las mujeres suelen ser las responsables de labores domésticas no remuneradas tales como el cuidado de los niños y niñas, tareas del hogar y preparación de comida.
Igualmente, las mujeres que trabajan fuera del hogar se enfrentan a una doble carga ya que se espera que también se encarguen de las labores domésticas. Esta situación contrasta con la de la comunidad Wayúu, en donde existe una cultura matriarcal que le asigna a las mujeres roles de proveedoras económicas.
Muchos migrantes son separados de sus familias, por lo que no pueden depender de su ayuda con una manutención.
En estos casos, las mujeres migrantes con hijos e hijas pequeñas se ven obligadas a llevarles a su trabajo para mantener su seguridad. Las migrantes que se dedican al comercio informal en las calles se enfrentan a las mayores dificultades porque sus hijas están expuestas al acoso. Por otro lado, las mujeres no suelen tener acceso a todas las oportunidades laborales y deben trabajar en empleos de baja calidad.
Las mujeres transgénero en particular se ven muy afectadas y son relegadas a ocupaciones como estilistas o trabajadoras sexuales.
Acceso y control sobre bienes y recursos
La población migrante indocumentada tiene mucho menos acceso a recursos y servicios que los ciudadanos o los migrantes con documentación.
Por ejemplo, no pueden tener propiedad privada, abrir una cuenta bancaria y tienen acceso limitado a fuentes formales de crédito. Por el contrario, a los migrantes que pueden obtener un Permiso Especial de Permanencia (PEP) se les garantizan ciertos derechos como educación, salud y trabajo.
Existe mucha precariedad laboral entre la población migrante.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo de los migrantes para julio de 2019 fue del 19.2%, frente al 10.2% del total nacional.
Los migrantes en situación regular tienen derecho a recibir atención de urgencia en centros de salud públicos.
Sin embargo, hay espacio para la interpretación sobre qué se entiende por "urgencia", sobre todo en casos de cuidado prenatal y planificación familiar. Igualmente, el GESI encontró varios reportes de migrantes rechazados en centros de salud, en especial durante la pandemia de COVID-19, y varias entidades prestadoras de salud rechazaron atender a mujeres venezolanas bajo la creencia de que eran trabajadoras sexuales.
Patrones de poder y de toma de decisiones
En general, es casi imposible para los migrantes venezolanos obtener un nuevo pasaporte o un documento de identidad de Venezuela, lo que le da mucho poder a las personas que les quitan sus documentos.
Las mujeres y niñas venezolanas se enfrentan constantemente al acoso sexual en lugares públicos como mercados o terminales de transporte.
En estos espacios, se enfrentan a amenazas de destrucción de los documentos que acreditan su situación regular en el país si no acceden o denuncian el acoso del que son víctimas.
Otro hallazgo preocupante es el incremento del número de niñas casándose o mudándose con hombres mucho mayores que ellas, con diferencias de edad de veinte años o más.
También se encontró un aumento en matrimonios infantiles, precoces y forzados durante épocas de conflicto.
Los migrantes activistas cumplen una función crítica porque atraen atención a los desafíos que enfrenta su comunidad.
No obstante, son muy pocas las organizaciones que pueden acceder a espacios regionales y nacionales en donde se formulen políticas para participar ampliamente en el proceso de toma de decisiones.
Violaciones de los Derechos Humanos
La población migrante venezolana suele ser víctima de xenofobia y discriminación por su nacionalidad.
Además, la mayoría de las violaciones de derechos humanos en su contra no son reportadas y muy pocos casos son llevados ante las autoridades. La impunidad es muy alta en casos de VBG y de trata de personas, y existen otras violaciones como reclutamiento forzado y desparición forzada que no son visibilizadas.
En cuanto a los grupos vulnerables, los niños, niñas y adolescentes son particularmente susceptibles a la trata de personas y el recultamiento forzado.
Además, la comunidad LGBTI es vulnerable frente a la VBG y la desparición forzada. En este último caso, el GESI encontró reportes de casos de acoso a trabajadoras sexuales de parte de la Policía y sobre limpieza social de parte de grupos armados ilegales en territorios con un alto flujo migratorio.
Los migrantes no reportan las violaciones a sus derechos humanos porque tienen miedo de ser deportados, porque no conocen sus derechos en Colombia o porque no conocen cómo acceder a la justicia o, cuando lo hacen, son rechazados o revictimizados.
Violencias basadas en género
Para la población migrante, la VBG y la violencia intrafamiliar es el tercer problema de salud pública más importante. Para combatir esta problemática, se han implementado varias estrategias de intervención para fortalecer las rutas de atención durante los últimos años. Este trabajo puede ser ampliado para asegurarse que la información le llegue efectivamente a los migrantes y aumente su conocimiento sobre sus derechos y cómo acceder a servicios de protección.
La VBG es perpetrada por diversos actores, entre ellos los grupos armados ilegales, las autoridades estatales locales, familiares, parejas íntimas y compañeros de viaje.
Trata de personas
Colombia es un país con dinámicas complejas alrededor de la trata de personas. Es un país de origen (la explotación inicia con población local), de paso (víctimas de trata son movilizadas a través del país, en camino hacia otro destino) y de destino (es la última parada para víctimas que vienen de fuera del país y para víctimas trasladadas internamente).
La organización Refugees International hizo una investigación con refugiados venezolanos en cuatro países, entre ellos, Colombia. Allí, se encontró que existen tres factores que aumentan el riesgo de trata:
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1
Primero, los migrantes que entran al país a través de trochas son más susceptibles de caer en manos de personas que pertenecen a grupos armados ilegales y que guían a los migrantes a cambio de dinero, conocidos como "coyotes".
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2
Segundo, es necesario tener un estatus migratorio regular para que los migrantes se sientan seguros de reportar estos casos.
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3
Tercero, los migrantes que no tienen derecho a trabajar en el sector formal son más vulnerables a quedarse en situaciones de explotación, para satisfacer sus necesidades básicas.
La trata puede ocurrir con fines de explotación sexual, explotación laboral, matrimonios de servidumbre o para pedir dinero en las calles por otra persona. La mayoría de los casos reportados en el país involucran explotación sexual y explotación laboral. Esta última puede incluir involucrarse en actividades ilegales y trabajo doméstico con una paga inferior al salario mínimo o ninguna en absoluto, sin prestaciones sociales.
Reclutamiento forzado
Los jóvenes son los más afectados por esta violación de los derechos humanos y suelen ser reclutados para cometer delitos a través de promesas de buenos empleos, estatus migratorio regular, comida, entre otros.
No existen muchos datos sobre el reclutamiento forzado entre la población migrante y los datos existentes no están desagregados por nacionalidad o género, lo que hace difícil determinar cómo se ven particularmente afectados.
