Resumen ejecutivo

Boletín CODHES Informa

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) es una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro que contribuye a la construcción de tejido social, con un enfoque en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También contribuye con el fortalecimiento de capacidades enfocadas en procesos de construcción de paz y se enfoca en la población en situación de movilidad a nivel nacional, regional e internacional.

¿Cuál es el foco de este informe?

La llegada masiva de migrantes venezolanos a Colombia durante los últimos años ha dado cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que esta población se encuentra, no sólo como resultado de la crisis humanitaria de su país, sino también debido a las fallas estructurales que tiene Colombia frente al acceso a la protección de los derechos fundamentales. Por eso, este informe da cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos a los que esta población se enfrenta.

Es importante aclarar que los gráficos publicados en este apartado fueron extraídos de la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación por eso pueden existir inconsistencias entre los datos otorgados en el texto y los datos otorgados en las gráficas.

  • 1

    Situación de irregularidad

  • 2

    Presencia de grupos armados ilegales relacionados con el conflicto armado y el crimen organizado.

  • 3

    Discriminación y xenofobia

  • 4

    Desconocimiento del funcionamiento de los territorios a los que llegan.

  • 5

    Su llegada a territorios que, históricamente, se han visto afectados por la violencia y la pobreza.

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Homicidios

Hay un aumento de muertes violentas entre la población migrante

Los homicidios en contra de migrantes venezolanos han aumentado desde 2015. Entre enero de 2017 y diciembre de 2020 se registraron 660 casos: la mayoría fueron hombres menores de 29 años y el mecanismo utilizado más veces fue el arma de fuego.

Los departamentos más afectados durante el 2020 fueron Norte de Santander (113 casos), Bogotá (96), Valle del Cauca (55). Atlántico (52) y Antioquia (48).

En la región Caribe se ha presentado un fenómeno particular y es que los grupos criminales organizados difundan mensajes de odio y amenazas en contra de esta población.

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Desplazamiento forzado

El control territorial que se disputan los grupos armados ilegales afectan a la población migrante

Se ha observado que los migrantes venezolanos son víctimas de dos tipos de expulsión. Primero, la migración a la que se ven forzados debido a la crisis en su país; segundo, el desplazamiento forzado del que son víctimas debido a experiencias o riesgos de discriminación, amenaza, violencia o atentados contra su vida e integridad.

Los departamentos que, históricamente, han sido el escenario de grandes números de víctimas de desplazamiento forzado relacionado con el conflicto armado, ahora son también los que más afectaciones presentan en este aspecto a los migrantes venezolanos. Estos son Antioquia, Nariño, Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Magdalena, entre otros. Esta situación demuestra que hay una relación entre este delito y las dinámicas de los territorios mencionados, que son controlados por grupos armados ilegales que ejercen violencia sobre toda la población que se encuentre allí.

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES) elaborado por CODHES, en 2020 se registraron 1650 migrantes venezolanos víctimas de desplazamiento forzado. Los departamentos más afectados son Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca.

Sin embargo, para el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación se presentaron más de 170 víctimas de desplazamiento forzado, principalmente en Norte de Santander, Antioquia y Arauca.

Según el informe "Graves violaciones de los Derechos Humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia (Medellín, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla)" elaborado por CODHES en 2021, se ha observado que, en esas ciudades, los grupos armados ilegales han creado un desplazamiento forzado intraurbano porque amenazan a esta población por el incumplimiento de pagos como arriendos, inquilinatos o paga diarios. Este tipo de desplazamiento es una práctica que se ha normalizado cada vez más, lo que evita que los migrantes accedan a canales de atención. También influye el miedo a ir con las autoridades por su situación migratoria irregular, el no saber que fueron víctimas de este delito, las barreras para denunciar y la falta de redes de apoyo.

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El aumento de cifras de instrumentalización de menores de edad migrantes es preocupante

De acuerdo con un informe del Secretario General de la ONU ante el Consejo de Seguridad de esa organización en 2019, titulado, "Los niños y el conflicto armado en Colombia", existen dos situaciones particulares que afectan a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Por un lado, los menores de edad que se encuentran en los departamentos fronterizos, como Norte de Santander y Arauca, están expuestos a las actividades de los grupos armados ilegales, por lo que se vuelven susceptibles a ser víctimas de reclutamiento forzado. Por otro lado, este reclutamiento lleva a que también sean expuestos a una mutilación o a perder su vida, pues están en constante peligro de quedar atrapados en el fuego cruzado, ya sea entre estos grupos y las fuerzas armadas, o con otros grupos armados ilegales.

La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre esta situación y ha emitido 38 alertas entre 2018 y 2020. Algunas de las actividades identificadas en las que caen los niños, niñas y adolescentes migrantes como consecuencia del reclutamiento forzado son extorsión, microtráfico, tráfico de armas, trata de personas para ser explotados sexualmente y sicariato.

Según el SISDHES, se registraron 33 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos entre 2017 y 2020. Y según el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación se presentaron 3 de estos casos durante 2020 y 12 desde 2016.

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Desaparición forzada

Una problemática estructural que se relaciona con otras violaciones a los DD.HH.

Entre enero de 2015 y agosto de 2020, se han registrado 836 migrantes venezolanos considerados como desaparecidos. Bogotá tiene la mayor cifra (311 casos) y le siguen La Guajira, Magdalena y Valle del Cauca. En estos territorios, se ha observado un rápido aumento de estrategias de control territorial por parte de grupos armados ilegales y de la delincuencia común.

Por su parte el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación presentó 203 víctimas desde 2015 a 2020, con mayores casos en Norte de Santander, La Guajira y Antioquia.

En su informe "Graves violaciones de los Derechos Humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia (Medellín, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla)", CODHES identificó seis escenarios en los que se repite la desaparición forzada en esta población:

1

En los territorios fronterizos, donde se ve trata de personas, así como la presencia de grupos armados ilegales que quieren controlar las actividades ilícitas que ocurren allí.

2

También en los territorios fronterizos ocurren muchos ofrecimientos de ayuda que no son reales y que son utilizados para aprovecharse de los migrantes durante su trayecto hacia Colombia.

3

En lugares donde la presencia de grupos armados ilegales es alta y, por ende, se obliga a la población a que trabajen para ellos. Esto es muy frecuente entre los niños, niñas y adolescentes que viajan solos.

4

Trata de personas con fines de explotación laboral y sexual.

5

Violencia basada en género (VBG).

6

Vinculación a actividades económicas ilícitas.

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Delitos sexuales

Las mujeres migrantes se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad

Estos delitos se dan como resultado de la VBG hacia las mujeres migrantes. Su vulnerabilidad aumenta debido a su situación migratoria irregular, xenofobia, discriminación y las expresiones machistas y misóginas presentes en la sociedad en general.

¿Cómo se manifiesta la VBG hacia las mujeres migrantes?

Estas situaciones se manifiestan mediante la violencia intrafamiliar, feminicidio, abuso sexual, trata con fines de explotación sexual, retención ilegal de sus documetos por parte de sus parejas o ex-parejas sentimentales y desplazamiento forzado por razones de género, entre otros.

Entre enero de 2019 y agosto de 2020, los departamentos más afectados han sido Norte de Santander (181 casos), Bogotá (147), Santander (127) y Valle del Cauca (110). A su vez, entre enero de 2015 y agosto de 2020, CODHES registró que 2319 migrantes venezolanos han sido víctima de violencia sexual. El 88.3% son de género femenino y, de este grupo, el 71% eran menores de edad. Además, en el grupo de menores de edad, los más afectados han sido los niños y niñas entre los 6 y los 11 años.

Según el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación se han presentado 2012 víctimas de delitos sexuales desde 2015 a 2020, donde Norte de Santander, Atlántico y Bogotá son las ciudades con mayor cantidad de delitos. De las cuales el 59.24% son menores de 13 años.

Trata de personas

Ocurre en distintos entornos y la gran mayoría de sus víctimas son mujeres

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Las migrantes que terminan siendo víctimas de este delito son engañadas de distintas maneras

Por ejemplo, reciben ofertas de trabajo engañosas que pueden ocurrir en Venezuela, en la frontera o en Colombia. Algunas de estas ofertas incluyen trabajos con buenos salarios en restaurantes, peluquerías o casas de familia y que no requieren mostrar documentos. Otra estrategia consiste en convencer a los migrantes de las ventajas del trabajo sexual, utilizando a amigos, familiares o conocidos. Para esto, se les promete ayuda con su situación migratoria y con otras cosas como el pago del transporte. También se da la intervención de redes de trata de personas, controladas por grupos armados ilegales que se encuentran en los territorios fronterizos y que pueden llegar hasta Venezuela.

Una vez las migrantes son llevadas al lugar donde van a ser victimizadas, pueden ser explotadas entre 12 y 15 horas diarias. Además, se les obliga a consumir drogas y alcohol, reciben maltrato físico y psicológico y quedan incomunicadas de su familia y amigos.

De acuerdo con lo dicho en entrevistas hechas por CODHES, las migrantes son trasladadas cada tres meses por sus explotadores. También se encontró que hay ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y Santa Marta en donde la trata es ocultada detrás del comercio informal en zonas concurridas, mientras que las migrantes son vigiladas Sin embargo, la dinámica cambió en 2020 durante el confinamiento debido a la pandemia de COVID-19, pues ahora se usan herramientas tecnológicas, como los estudios de modelos webcam.

Informar y preparar

Hablarles a los migrantes venezolanos sobre la presencia de grupos armados ilegales y sobre el conflicto armado en general en Colombia, mediante campañas de autoprotección y de prevención.

Proteger a los menores

Crear redes comunitarias de integración para esta población, en donde se les informe sobre los riesgos que tienen los niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento forzado.

Para el ministerio público

Fortalecer la identificación de migrantes venezolanos que son víctimas del conflicto armado en Colombia.

Para la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV)

Desarrollar directrices claras para los casos de migrantes venezolanos que sean identificadas como víctimas.

Establecer una estrategia interseccional

Desarrollar políticas públicas para los migrantes venezolanos que incluyan la protección de sus derechos, con un enfoque diferencial que tenga en cuenta su situación de vulnerabilidad.

Articular las instituciones

Establecer centros de atención para los migrantes en lugares como alcaldías o puntos estratégicos en las rutas migratorias, para darles orientación sobre cómo protegerse, denunciar y comunicarse en caso de una violación a sus derechos.

Para la defensoría del pueblo

Fortalecer su labor a la hora de proteger a los migrantes mediante una sensibilización de sus funcionarios y continuar con el Sistema de Alertas Tempranas.

Proteger y ayudar

Garantizar el acceso a la justicia a los migrantes, sin importar su estatus migratorio.

Para medicina legal

Fortalecer la investigación en materia de tasas de homicidios en esta población.