ANÁLISIS POLÍTICO ECONÓMICO APLICADO
Pasto e Ipiales
Género
VBG: explotación sexual comercial de mujeres y niñas, VBG en tránsito e instrumentalización en el proceso de asentamiento para el acceso a servicios
La explotación sexual comercial de mujeres y niñas migrantes, al igual que la inducción a la prostitución y el sexo por supervivencia, se ha configurado como una de las principales alternativas productivas para las migrantes mujeres y refugiadas en la región. En Nariño se ha observado su movimiento hacia las zonas rurales del departamento “donde han creado la oferta” en servicios sexuales. En estos oficios, muchas veces se ven sometidas al control de un proxeneta que termina en total control de la vida de la mujer, incluyendo su acceso a servicios.
Otras violencias contra las mujeres que se identifican en Pasto e Ipiales incluyen maltrato psicológico y violencia sexual por parte de sus parejas. Se observan mujeres que vienen en tránsito y que son perseguidas por su agresor, y también se hace evidente el caso de mujeres que “se emparejan” en la ruta migratoria. Aunque esto a veces puede ser una manera de buscar seguridad en el camino, también puede exponerlas a más violencias. También se resalta la falta de acceso a métodos anticonceptivos y a atención médica especializada para mujeres gestantes y lactantes.
La instrumentalización de mujeres y niños, niñas y adolescentes para acceder a la oferta institucional y organizacional se ha observado en Pasto e Ipiales como una práctica común. En Ipiales se hace evidente en el tema de albergues. Considerando que hay espacios reservados para familias, especialmente con niños y niñas, es muy importante identificar los “verdaderos” núcleos familiares para evitar poner a mujeres y niños, niñas y adolescentes en riesgo.
Niños, niñas y adolescentes
Acceso a la educación: garantizar la educación básica para niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados ha sido un reto permanente que se ve exacerbado por la pandemia de COVID-19
Según la Secretaría de Educación, hay disponibilidad de cupos en el sistema pero existen barreras de ingreso (gatekeeping) que obstaculizan la inscripción, además de retos de permanencia en el sistema relativo a los vacíos en competencias básicas con que llegan niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente en lectura y escritura. Por otro lado, actores de la administración local expresan que hay poco interés por parte de las familias migrantes: "a estas personas les parece más fácil ponerse a pedir que trabajar o mandar los niños y niñas a estudiar". Sin embargo, esto debe validarse en contraste con el acceso a oportunidades, considerando también que para niños, niñas y adolescentes que logran terminar el colegio hay limitado acceso a la educación superior, incluyendo cursos técnicos y tecnológicos, al tener un estatus migratorio irregular.
Niños, niñas y adolescentes no acompañados, trata de personas y explotación sexual comercial
El tema de la juventud migrante y refugiada es de especial importancia en Pasto e Ipiales por el alto flujo de menores no acompañados que pasan por Nariño hacía el sur del continente o de regreso de estos países hacía Colombia y Venezuela. Los escenarios donde se mueven los jóvenes migrantes, desde el tránsito hasta el asentamiento, no son entornos protectores ni favorables para su desarrollo. Además, las rutas institucionales se limitan a la institucionalización ya que la reunificación familiar sobrepasa las capacidades del ICBF, especialmente cuando los jóvenes no están documentados.
Esto causa mucha evasión de las instituciones en todas sus instancias: “los jóvenes no se acercan por miedo a que se active la ruta”. Esto dificulta el proceso de reporte de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y otras vulneraciones de derechos, y ahora se está manifestando como un reto en el proceso de registro para el ETPV. Aunque un niño o adolescente puede hacer el pre-registro, su minoría de edad activa de inmediato una ruta de atención con Migración Colombia e ICBF.
Se observa una alta prevalencia de niños, niñas y adolescentes en trabajo informal, en venta ambulante, semáforos y mendicidad propia y ajena. Estos contextos de calle exponen a la juventud a las dinámicas de violencia relacionadas al conflicto interno. En el Norte de Santander, los niños, niñas y adolescentes son muy vulnerables al reclutamiento forzado, especialmente para vinculación a las fincas de coca. En estos escenarios también se hace común el consumo de sustancias psicoactivas: “En Venezuela está prohibido el consumo en espacios públicos entonces se sorprenden cuando, en Colombia, se valida tan fácil el consumo. Por sus escenarios mentales y situaciones de desarraigo, encuentran en las drogas una evasiva a su situación”.
Creencias sobre la cultura venezolana se identifican como retos para atender a la juventud migrante. Se observa un alto número de adolescentes no acompañadas migrando con una pareja bastante mayor. “Las niñas, desde los 14 años son consideradas mujeres… por su cultura no se considera que esto puede ser un delito”. Se identifica que estas relaciones están fundamentadas en unas dinámicas de poder que deben clasificarse como abuso. Además, “se inician mucho más rápido en su vida sexual”, lo que se identifica como un reto de protección importante. Hay una necesidad de servicios en salud sexual y reproductiva, no solo en materia de acceso a métodos anticonceptivos, sino en educación para la prevención de las violencias y los embarazos no deseados.
Población general
Trata de personas en diversas modalidades en rutas de tránsito desde y hacia el sur del continente
En Ipiales se ha evidenciado un incremento de tráfico de migrantes por el cierre del Puente Internacional Rumichaca. Esto ha llevado al aumento de rutas irregulares para el cruce de fronteras controladas por los llamados “coyoteros'', traficantes y grupos criminales donde las autoridades de ambos países se han visto obsoletas.
Se identifica la presencia de redes de trata transnacionales, incluyendo la banda criminal Tren de Aragua, en actividades relacionadas con el tráfico de migrantes. También se identifica VBG, incluyendo explotación sexual comercial de mujeres y niñas.
Desde la Alcaldía de Pasto, Pastoral Social de Pasto y la Defensoría de Nariño identifican casos de trata que vienen desde Medellín o Bogotá hacia la frontera. Por otro lado, en Ipiales se han recibido casos de trata provenientes de Ecuador. Sin embargo, la denuncia y la activación de rutas es muy infrecuente. Los migrantes en su mayoría vienen indocumentados, lo cual causa resistencia a la denuncia. Además, la activación de rutas implica una interrupción del trayecto (tiempo mínimo para ser tramitada de 15 días) e implican un número de entrevistas que, con diversos actores, que llegan a ser revictimizantes, especialmente para mujeres y niñas.
En el departamento, la concentración de cultivos de coca ha llevado a la captación de población migrante para actividades ilícitas y reclutamiento forzado. Por falta de conocimiento de las estrategias de estos grupos, son más vulnerables a sus dinámicas. Deben entender que llegan a contextos complicados con un trasfondo del conflicto armado. Muchos hombres migrantes terminan involucrados en actividades ilícitas y las mujeres terminan en contextos de prostitución o sexo por supervivencia en estos mismos entornos.
En el momento, la Alcaldía de Pasto habla de la creación de mesas técnicas para responder al crimen de trata de personas ya que no existe una ruta o un proceso de activación efectivo.
Dinámicas de exclusión y xenofobia condicionan los procesos de integración socioeconómica de la población migrante
Entre los entrevistados se observa un desacuerdo sobre las dinámicas de xenofobia en la región. Por un lado, se menciona que, en Pasto y en las zonas rurales es donde más se observan actitudes discriminatorias “porque los migrantes vienen a afectar el trabajo y los espacios públicos”. Por otro lado, se afirma que los colombianos han sido muy abiertos a la acogida de estas poblaciones y que los venezolanos sienten su apoyo, a diferencia de las experiencias de discriminación que viven en Ecuador.
Otros mencionan que los episodios aislados de violencia que han involucrado a la población migrante en la región han causado en brotes de xenofobia. De igual manera, las dinámicas de discriminación y exclusión de la población migrante se identifican como la primera barrera para su acceso a un empleo digno en el mercado formal. Discursos como “nos vienen a robar el trabajo” o “que agradezcan que les den trabajo” se usan para opacar el hecho que los empleadores se ven beneficiados por la explotación de la mano de obra de los migrantes.
La Fundación Proinco narra que el Ministerio del Trabajo junto a las autoridades locales, han desplegado ejercicios de inspección para monitorear las condiciones de empleo de poblaciones migrantes especialmente en restaurantes, hoteles y comercios. Sin embargo, Pastoral Social afirma que no hay una intencionalidad programática desde la administración local para realizar actividades de inclusión en el mercado formal. Es importante crear oportunidades para que los migrantes se vuelvan más competitivos por sus capacidades y no por cobrar menos
El departamento de Nariño no ha sido identificado como una región significativamente impactada por la crisis migratoria hasta recientemente. En el marco de la pandemia por COVID-19, los cierres de fronteras de países al sur del continente, especialmente el cierre de la frontera ecuatoriana bajo el Pacto de Quito en 2020, causaron un incremento dramático de migrantes en el departamento de Nariño que no se preveía. Esto representa una alta demanda de servicios a nivel institucional y organizacional, exigiendo una capacidad de respuesta más alta de lo existente en términos de infraestructura, rutas de atención, personal y fondos
Dada la ausencia de un desarrollo normativo para poblaciones migrantes a nivel regional o nacional, el CONPES 3950 se ha usado en el departamento de Nariño como base para el establecimiento e implementación de estrategias de atención para población migrante. Aunque el documento solo tiene vigencia hasta este año (2021), este ha determinado los recursos distribuidos del gobierno nacional a los departamentos. En el CONPES, Nariño, Putumayo, Cauca y Huila son clasificados como “Nivel 3” - departamentos de bajo flujo de migrantes o solo de paso - resultando en una asignación más baja de recursos. Ante el dramático incremento de flujos migratorios en Nariño durante la pandemia, ni el CONPES ni otros apoyos al nivel nacional han respondido por lo cual actores afirman que hay un completo olvido estatal y el departamento se declara en emergencia.
En el CONPES también se discute la necesidad de crear una estrategia de atención integral para la niñez migrante a cargo del ICBF. Sin embargo, hasta la fecha no se identifica un lineamiento de acción dejando muchos vacíos en la protección de derechos humanos. En general, los actores identifican que la capacidad de respuesta del ICBF es baja. Aunque trabajan desde la mesa técnica zonal (ocho municipios) en procesos de restablecimiento de derechos de la mano del Ministerio Público, las rutas institucionales para niños, niñas y adolescentes migrantes son ineficientes y tampoco existe claridad o logística para dar atención a estos casos efectivamente. Esto resulta en la institucionalización de niños, niñas y adolescentes hasta su mayoría de edad, sin posibilidad de otras medidas de protección. Para los no acompañados todavía la respuesta es muy incipiente. Las medidas iniciales existen pero, en un porcentaje alto de casos, adolescentes no acompañados desertan la medida.
Personeros y la Defensoría están abriendo líneas de seguimiento de casos para acompañar a los comisarios de familia encargados de niños, niñas y adolescentes en proceso de restitución de derechos humanos. Estos actores hacen recomendaciones y advertencias cuando es necesario. Además el Ministerio Público está vigilando el registro de niños, niñas y adolescentes bajo protección del ICBF al ETPV. Hasta el momento, no se ha adelantado el pre-registro.
La Defensoría del Pueblo, a nivel departamental, tiene un rol clave con varios delegados trabajando en el tema de migración. La delegada de Movilidad Humana, en el momento, está apoyando el proceso de implementación del ETPV. Aunque el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se ha usado en otros territorios para identificar estos riesgos para la población, funcionarios comentan que este mecanismo lleva inactivo seis meses por falta de financiación.
El enlace de niñez y la dupla de género de la Defensoría del Pueblo responden al tema de trata de personas en el contexto migratorio. Sin embargo, desde la Defensoría se afirma que son las alcaldías municipales las primeras responsables en la atención de casos pero, ya que no tienen la capacidad para asumir los dimensión de la crisis, es necesaria una mejor cooperación entre los municipios, departamentos y el nivel nacional.
El Comité Departamental de Lucha Contra la Trata y los comités municipales se encuentran activos pero sus actividades se concentran en esfuerzos de capacitación para la identificación de casos o la prevención del crimen. La ruta de respuesta a casos se identifica como revictimizante en sus procesos y poco efectiva. En general, la infraestructura institucional para responder al tema de trata de personas especialmente en modalidad de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes se ve desbordada.
Con el apoyo de líderes sociales y la Red Venezuela en Pasto y organizaciones de la sociedad civil en Ipiales se ha podido identificar que hay zonas claves donde se puede conocer más a profundidad el tema. En la salida de Ipiales hay varias zonas de tolerancia donde posiblemente se pueden identificar menores víctimas de explotación sexual comercial y, en Pasto, en Avenida Idema, en el centro (la 19, la Plaza del Carnaval). Se han realizado operativos de ICBF para hacer ejercicios de rescate, pero no logran encontrar a las niñas y evidenciar los casos. Desde la mesa departamental de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se han recogido testimonios, pero no hay una documentación completa que permita un mapeo de riesgos con un enfoque diferencial por migración. Las redes de trata son muy fuertes y están muy organizadas.
Aunque las Mesas Municipales de Atención a Población Migrante han sido las más activas desde que fueron conformadas, con la pandemia de COVID-19 se suspendió su actividad y es ahora la Mesa Departamental de Migraciones la única que ha reanudado sus actividades en el contexto de emergencia. Sin embargo, los participantes afirman que la comunicación entre los municipios y el departamento es escasa y que la administración departamental rara vez participa en los espacios que proponen las mesas municipales.
La cooperación internacional, al igual que las organizaciones religiosas, especialmente Pastoral Social, Club Kiwanis y sus redes regionales y transnacionales, se destacan en Ipiales por su capacidad de respuesta a población en tránsito, especialmente mediante la oferta de albergues temporales y espacios protectores con enfoque diferencial. Por su lado, actores de la cooperación, en coordinación con el GIFMM en Pasto, han venido desarrollando un trabajo articulado con la alcaldía municipal para responder a las necesidades urgentes de la población, principalmente desde la entrega de kits. En Pasto se identifica una necesidad insatisfecha de servicios de albergue.
En términos de la protección y respuesta de los derechos de la población migrante, todavía se identifican muchos retos tanto para la institucionalidad como para la cooperación. La identificación de casos y activación de rutas es complicada y poco efectiva por la alta movilidad de las personas. Del mismo modo, la garantía de acceso a salud, educación y el mercado laboral formal se hace compleja a causa de las dinámicas de discriminación y gatekeeping que persisten en la región.
La creciente presencia de la sociedad civil, especialmente organizaciones de base fundadas por migrantes, ha facilitado unos procesos de incidencia política por medio de las mesas de trabajo, que es clave para amplificar las voces de los migrantes y realizar procesos más participativos de intervención y creación de políticas públicas. Además, por medio de la Red Venezuela Nariño, estos actores vienen construyendo redes para fortalecer su capacidad y construir sistemas integrales de atención a la población.
Pasto
La Mesa Migratoria del municipio de Pasto se crea formalmente mediante el Decreto 0497 del 31 de diciembre de 2018 . Se destaca por ser una instancia constantemente activa. Desde el plan consolidado de acción y la creación de comités buscan desarrollar una respuesta integral y hacer un seguimiento riguroso con las entidades locales. Aunque no tienen apoyo de la Mesa departamental y tienen un contacto limitado con la Mesa Migratoria de Ipiales, tienen una buena articulación con actores locales. Resaltan la necesidad de conformar un equipo local designado únicamente al tema migratorio para mejorar la capacidad de sus estrategias.
La activación de rutas en casos de trata de personas, VBG y atención a población LGBTI son largas, complejas y revictimizantes. Por los procesos implicados, especialmente las entrevistas, las migrantes escogen no activar rutas. En tema de niñez, la Policía de Infancia y Adolescencia tiene un proceso más directo y eficiente para activar la ruta de restitución de derechos pero, como es mencionado, al llevar a niños, niñas y adolescentes migrantes a la institucionalidad, hay otros retos para la respuesta. Para prevenir la vulneración de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes relacionados con contextos de calle, incluyendo trabajo infantil, mendicidad y consumo de sustancias psicoactivas en Pasto, la Alcaldía ha puesto en marcha el Decreto de Mendicidad 0437 de 2017 y el Decreto Nocturno para Niños, Niñas y Adolescentes 0377 de 2020.
No hay procesos activos de integración local por parte de la institucionalidad. Por falta de fondos y capacidad técnica, la respuesta se ha limitado a respuestas muy focalizadas a las necesidades inmediatas de la población. Con la entrada en vigencia del ETPV, será necesario un proceso pedagógico en la institucionalidad para socializar el alcance de la formalización y el potencial que hay en la población migrante. En el momento, el GIFMM lidera la coordinación de la respuesta.
Por el momento, se identifica una gran necesidad de servicios de albergue o refugio. Hasta hace un mes funcionaba un espacio de alcaldía con OIM. Ahora, OIM tiene un convenio nuevo con la Pastoral Social. Un lugar que ha funcionado un tiempo es "Entorno de Luz".
Ipiales
La Mesa Migratoria de Ipiales se crea legalmente bajo el Decreto 073 de 2019. Aunque todavía no tiene un plan de acción consolidado, el decreto está en borrador, esperando su firma. En este proceso han trabajado de la mano de la Gerencia de Fronteras y el GIFMM para realizar un diagnóstico del municipio y generar acciones correspondientes. La Mesa de Atención a Migrantes se destaca como el espacio máximo de política social. El mayor limitante a nivel municipal son los recursos: cuando llegan las leyes no llegan los recursos para implementarlas, lo cual limita la capacidad de respuesta de la institucionalidad. Debido a la ausencia de un espacio institucional para el apoyo a la implementación al ETPV, la comunidad internacional ha asumido un rol crucial en la orientación y acompañamiento en el proceso de pre-registro.
En Ipiales hay una oferta organizacional más consolidada en la respuesta humanitaria a población en tránsito. El GIFMM coordina la respuesta desde las mesas de trabajo. Estas son lideradas por miembros de la cooperación e invitan a la administración municipal a involucrarse en la respuesta. En el momento están activas la Mesa de Migrantes, Mesa de Albergues (co-lideran Pastoral Social y OIM), Mesa Intersectorial y Mesa de Salud (liderada por OPS).
En general, la comunidad religiosa, desde la Pastoral Social, Club Kiwanis y la comunidad de scalabrinianos ha asumido un rol fundamental para la respuesta integral y diferencial en un contexto de emergencia. A través de procesos de focalización por remisiones y caracterizaciones internas, Pastoral Social asigna a personas y familias a sus diversos programas y espacios de atención, de acuerdo a su perfil y necesidades (familias con mayor vulnerabilidad por temas de salud o situación de calle, mujeres u hombres solos o mujeres con niños, niñas y adolescentes). En el momento, Pastoral Social cuenta con dos albergues con capacidad de 150 personas cada uno y con dos hoteles. Además, están próximos a habilitar una casa para la recepción de casos de VBG y están en proceso de construcción de un centro protector para niños, niñas y adolescentes y familias.
Las redes a nivel regional e internacional desde las Diócesis, la Red Clamor, la iniciativa Pastoral Fronteriza y equipos humanitarios binacionales han generado importantes conocimientos y alianzas para la respuesta a la población.
Nodo 1
Para la creación de una estrategia integral de respuesta a la población migrante
En este nodo se articula la “primera fase” de respuesta humanitaria por medio de servicios como albergues, alojamientos, espacios de apoyo, atención primaria en salud, alimentación, respuesta humanitaria sobre las carreteras para los caminantes. Estas acciones configuran una respuesta primaria ante las necesidades urgentes de los caminantes para responder a la condición en la que llegan por las condiciones del camino, las demandas de la ruta como caminantes y los riesgos a los que se enfrentan. También articulan una respuesta de información y orientación para apoyar la reunificación familiar y educar sobre las rutas (duración, riesgos, servicios disponibles):
Actores clave: Pastoral Social Pasto, Pastoral Social Ipiales, Club Kiwanis, Red Clamor, GIFMM, UNICEF y ACNUR desde sus espacios de apoyo y Aldeas Infantiles SOS Colombia en Ipiales.
Espacios: Mesa de Albergues, COAMIR y la propuesta de entornos protectores de Proinco.
Nodo 2
Para el fortalecimiento institucional en respuesta a la población migrante
Considerando la debilidad institucional, para facilitar una respuesta diferenciada y oportuna a las necesidades de la población migrante, se observan esfuerzos para incorporar el enfoque migratorio en instancias y planes institucionales existentes. Para esto, administraciones locales, con apoyo del Gobierno Nacional y el GIFMM, vienen realizando procesos de fortalecimiento técnico y veeduría entre ellas para fortalecer el rol de cada entidad y generar una respuesta integral, especialmente en temas de género, niños niñas y adolescentes y, más recientemente, la respuesta al crimen de trata de personas:
Desde las mesas de trabajo del GIFMM, especialmente en Ipiales, hay un importante esfuerzo en la construcción de alianzas con la institucionalidad. Aunque la cooperación internacional lidera estos espacios, se procura promover la participación de la administración en sus diversas instancias para trabajar en una línea unificada de respuesta.
Iniciativas al nivel Gobernación en el fortalecimiento de rutas de atención a migrantes para responder a la xenofobia, crear un nuevo modelo de atención psicosocial y fortalecer los canales de comunicación con comunidades migrantes y poblaciones de acogida desde una perspectiva diferenciada por género y etnicidad.
Conectando Caminos por los Derechos está trabajando con la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper) para fortalecer las capacidades de atención y orientación a población migrante desde las Personerías de Pasto e Ipiales.
Defensoría y Personería dan apoyo técnico a casos de restitución de derechos humanos del ICBF.
Nodo 3
Para la respuesta al crimen de trata con énfasis en mujeres y jóvenes
Niños, niñas y adolescentes migrantes son desproporcionadamente vulnerables a las redes de trata y tráfico de migrantes en el territorio, lideradas por actores al margen de la ley, principalmente en rutas migratorias irregulares. Por un lado, en respuesta a dinámicas de explotación sexual comercial de mujeres y niños, niñas y adolescentes, inducción a la prostitución y sexo por supervivencia, organizaciones de la sociedad civil están facilitando la información sobre las estrategías de captación y sectores con alta presencia de actores al margen de la ley para la identificación de casos.
Además, en el tema de reclutamiento forzado y uso y utilización de niños, niñas y adolescentes para el trabajo en cultivos de coca y otras actividades ilícitas, las autoridades locales, especialmente el Ministerio Público, vienen desarrollando un plan de trabajo de la mano de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al Margen de la Ley y por Grupos Delicitivos Organizados (CIPRUNNA); así como diversas actividades de prevención. En el momento, los Comités de Lucha contra la Trata se encuentran inactivos, por lo que es necesario apoyar la consolidación de un plan de acción desde estas instancias.
Actores claves: Defensoría del Pueblo (Dupla de Género y Unidad de Niñez), Personerías municipales, ICBF y Comités de Lucha contra la Trata.
Instancias: mesas de trabajo, CIPRUNNA, Comités de Lucha contra la Trata y Comité de Víctimas.
El cierre de las fronteras de Ecuador ha transformado todo el contexto migratorio de Pasto, Ipiales y la región. Un nuevo enfoque es necesario para responder a las necesidades de la población, especialmente en materia de desarrollo socioeconómico desde la inclusión social. Durante la pandemia, se han dado ayudas a personas de estrato 1, 2 y hasta 3.
La xenofobia institucional es evidente, lo que impone barreras en el acceso a servicios. Por la alta rotación de funcionarios se hace compleja la capacitación, pues cada liderazgo llega con una visión sobre la migración. El desconocimiento de la norma y su aplicación con población migrante también afecta la activación de rutas en casos de VBG.
Los diseños de servicios digitales muchas veces no consideran la falta de documentación formal como una cédula o PEP. Por ejemplo, la herramienta de Tutela en Línea durante la pandemia sólo permite que personas con cédula de ciudadanía o de extranjería se registren.
Las dinámicas de migración pendular y el efecto rebote que causó el transporte de migrantes a la frontera con Venezuela durante la pandemia son nuevos flujos migratorios que hay que comprender y documentar para responder a la población.
La ausencia de sistemas de información y documentación de los riesgos y vulnerabilidades de la población migrante representa un reto para desplegar sistemas de protección de manera oportuna, especialmente en temas de trata de personas en modalidad de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y reclutamiento forzado. Es necesaria la información desagregada sobre la mujer migrante y la comunidad LGBTI como línea de base para intervenciones futuras.
Discursos y actitudes discriminatorias hacia la población migrante y refugiada obstaculizan los procesos de integración tanto social como económica de la población.
Diversos actores están comprometidos con actividades para combatir la xenofobia. Por medio de jornadas educativas, lúdicas y actividades culturales, buscan apoyar la integración local y la cohesión comunitaria. La comunidad migrante ha traído un gran aporte a la región en gastronomía, esto puede crear oportunidades de agenciamiento ,especialmente en mujeres, y estimular el sentido de permanencia.
Organizaciones de la cooperación y de la comunidad religiosa están empezando hablar de medios de vida (ONU Mujeres, FUPAD y Pastoral Social está proyectando una apuesta a la creación de una industria local atravesada por la integración). Las competencias de la población migrante son muchas y muy diversas (profesionales y sociales).
En Ipiales, las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base comunitaria han ido surgiendo, buscando involucrarse más con la oferta regional. Desde la Red Nariño Venezuela hay muchas oportunidades para promover liderazgos y crear conocimiento e incidencia política desde sus experiencias en los territorios
Desde Pastoral Social en Ipiales se están alimentando canales de comunicación por medio de radio para tratar temas relacionados con la migración, combatir la xenofobia y apoyar la difusión efectiva de información. Estos espacios ofrecen una oportunidad de llegar a un público amplio (cobertura transnacional).
Desde Pastoral Social Pasto se está trabajando en la construcción del COAMIR como un punto de referencia que concentre todos los servicios para la población migrante en un solo lugar.
En los planes de Pastoral Social Pasto para el COAMIR se incluye el facilitar un espacio para celebrar cultura, unión, cohesión comunitaria, comida y, así, trabajar comunes como medio para la protección de derechos humanos.
Percepciones frente al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos
Por parte de la institucionalidad se reconoce al Estatuto como una oportunidad muy importante para verificar la información que se tiene sobre la población migrante y refugiada. También será una oportunidad para clasificar los perfiles que ingresan y, así, poder desarrollar estrategias de inclusión socioeconómica. Algunos actores reconocen un gran interés para el registro en la población migrante y refugiada, y otros discuten un alto nivel de desinformación que puede resultar en bajos niveles de registro.
Se identifica la necesidad de fortalecer los canales de información clara y oportuna, promover el acceso a dispositivos e internet y una orientación y acompañamiento completo para asegurar el registro. Aunque los puntos visibles han permitido ampliar la cobertura territorial para servicios de pre-registro, la cooperación internacional y organizaciones se han educado y han creado capacidades para poder asistir el registro.
La gran desinformación sobre el Estatuto Temporal y su alcance ha resultado en brotes de xenofobia. Por un lado, a nivel local, se ven discursos de resistencia hacia la formalización bajo la premisa de “si les ayudan tanto se van a querer quedar”. Por otro lado, en países hacía el sur, se están presentando procesos de xenofobia, en particular en Chile y Perú, “empujando” a los migrantes de regreso a Colombia.
Es importante entender que el Estatuto está en un periodo de prueba. Se ha ido creando y modificando en la marcha, lo cual se ha evidenciado, especialmente, con el tema de los requerimientos como la prueba sumaria
El Estatuto habla de un proceso de documentación sin discutir el desarrollo institucional que es necesario para acompañar su implementación. Se plantea todo el proyecto desde la oficina de Migración Colombia de manera centralizada, pero no se designa un presupuesto para los departamentos. Con la experiencia que se ha tenido desde las solicitudes de refugio, estas estructuras centralizadas no dan abasto y los actores cuestionan su capacidad de respuesta.
El Servicio Jesuita a Refugiados resalta que las entrevistas que proceden en el proceso de registro serán en ciudades principales, lo cual implica un costo y tiempo de transporte que puede ser un limitante, especialmente para familias. En últimas, identifican que la medida intenta “sumar temporalidad” para el acceso a la visa pero, realmente, muchos no están y quizás no lograrán la capacidad económica para obtenerla.
El Estatuto será un gran apoyo para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los que permanecen en tránsito todavía se ven desprotegidos, por lo que hay que formular una estrategia de protección en estos casos que responda a la niñez no acompañada, sin el protocolo de activación de rutas vigente al momento.
Adolescentes no acompañados pueden hacer el pre-registro solos, pero Migración Colombia tiene la obligación de referir a ICBF y ellos revisan cuál es la medida de restablecimiento, Muchos prefieren no hacer pre-registro para no activar la ruta.
Hay un tema administrativo con el registro de niños, niñas y adolescentes. La página no permite documentos de menos de seis dígitos, pero muchos niños y niñas venezolanos tienen actas de nacimiento con dos a cuatro dígitos. La Defensoría hace una advertencia pero Migración está revisando. A veces se pone el número de acta más la fecha de nacimiento para que llene los dígitos, pero preocupa que esto produzca errores.
