ANÁLISIS POLÍTICO ECONÓMICO APLICADO
Medellin
Medellín resulta particularmente atractiva para la población migrante por su dinamismo económico, por las posibilidades que representa de empleabilidad en materia agrícola y porque sirve de lugar de tránsito para quienes desean continuar su camino migratorio hacia Panamá y al norte del continente. En Medellín, la población venezolana se reside principalmente en Santo Domingo de Comuna 1 Popular, Comuna 3 Manrique, Comuna 7 Robledo, Comuna 8 Villa Hermosa, Comuna 10 La Candelaria, Comuna 13 San Javier, Comuna 16 Belén, Comuna 5, Comuna 9, Corregimiento de AltaVista y Vereda la Loma del Corregimiento San Cristóbal.
En Medellín la población migrante tiene una vocación de permanencia por las oportunidades laborales que se pueden presentar en el territorio. De igual forma, ante la capacidad institucional en materia de atención, la oferta pública de organizaciones de la sociedad civil y proyectos de cooperación internacional que se encuentran en la ciudad
En cuanto al contexto de violencia y riesgos frente a las violaciones a los derechos humanos en la ciudad, persisten altos niveles de violencia por diversos factores, entre ellos, la herencia del narcotráfico de los años 80, la urbanización del conflicto armado y la conexión entre crimen organizado y delincuencia común. Entre el año 2018 y 2019, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo identificó, por lo menos, 12 conflictos entre actores armados y 140 organizaciones armadas ilegales de diferente tamaño y capacidad de expansión en alrededor del 85% del territorio de la ciudad de Medellín. Este contexto territorial es el causante de diversas violaciones a los derechos humanos de quienes habitan la ciudad, especialmente en los barrios o comunas más conflictivos.
En cuanto al contexto de violencia y riesgos frente a las violaciones a los derechos humanos en la ciudad, persisten altos niveles de violencia por diversos factores, entre ellos, la herencia del narcotráfico de los años 80, la urbanización del conflicto armado y la conexión entre crimen organizado y delincuencia común. Entre el año 2018 y 2019, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo identificó, por lo menos, 12 conflictos entre actores armados y 140 organizaciones armadas ilegales de diferente tamaño y capacidad de expansión en alrededor del 85% del territorio de la ciudad de Medellín. Este contexto territorial es el causante de diversas violaciones a los derechos humanos de quienes habitan la ciudad, especialmente en los barrios o comunas más conflictivos.
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín es un fenómeno de vulneración de derechos, el cual se ha incrementado en los diversos territorios, incluso siendo éste una de las razones para la materialización de otro hecho victimizante como lo es el desplazamiento forzado intraurbano. Es por esta razón que, desde el Equipo de Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía de Medellín, se tiene en su línea base para la atención de la población víctima la variable de desplazamiento por intento de reclutamiento, esto con el fin de visibilizar esta situación que ha sido conocida pero muy invisibilizada por la falta de datos, denuncias, investigaciones, o procesos desde el ICBF.
El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente cuenta con 330 cupos en el centro Carlos Lleras Restrepo. Para el 15 de septiembre de 2019, cerca de 60 adolescentes eran de nacionalidad venezolana.
Género
VBG y explotación sexual comercial de mujeres y niños, niñas y adolescentes
Las barreras para el acceso a medios de vida estables bajo condiciones dignas afectan de manera desproporcionada a las mujeres migrantes, especialmente aquellas con estatus migratorio irregular. Esto determina sus condiciones de alojamiento y las actividades informales de las que participan, lo cual también es determinante de la experiencia de crianza de niños, niñas y adolescentes durante el proceso de asentamiento e integración de sus madres. La alta dependencia económica de las mujeres, prácticas de sexo por supervivencia o participación en contextos de prostitución y casas webcam aumentan el riesgo de vulneraciones incluyendo trata de personas, explotación sexual comercial de mujeres y niños, niñas y adolescentes, y VBG en espacios privados y públicos. Se hace evidente que la industria del sexo en la ciudad es muy amplia, por lo cual se ha convertido en un espacio atractivo pero riesgoso para las mujeres y niños, niñas y adolescentes migrantes.
Aunque autoridades como la Gobernación de Antioquia reconocen un par de casos de trata, especialmente explotación sexual de mujeres y niños, niñas y adolescentes, se entiende que la información es muy delicada y de difícil acceso. Por la misma invisibilidad del crimen, reconocen que los victimarios, con frecuencia, son los mismos padres o familiares de niñas y niños. El Comité de Trata Municipal identifica a los captadores como personas amables, astutas y carismáticas que, a través de las redes sociales y hasta afuera de los colegios, encuentran a sus víctimas pero, además, de estos indicios no hay una caracterización profunda del contexto de trata de personas en la región.
En la Comuna 10 se observa el fenómeno de “las tinteras”, detrás de la cual se ve una red de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Por medio de la venta de “tinto” (café) se hace la transacción de “venta” para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La materialización del delito es muy compleja por la consolidación de la red a través de los años y sus estrategias que hacen la identificación compleja. Aunque la existencia de esta red se valida de voz a voz, no se encuentra evidencia concreta sobre su operación.
Niños, niñas y adolescentes
Niñez en situación de calle: mendicidad propia y consumo de sustancias psicoactivas
Aunque no se descartan dinámicas de explotación infantil en modalidad de trabajo infantil o mendicidad ajena, no hay un conocimiento concreto de estas vulneraciones más allá de una especulación de trabajo infantil al que la línea de atención 123 Social ha tratado de atender con poco éxito. También se especulan dinámicas de trabajo infantil en el contexto minero del departamento.
Hay una alta prevalencia de niñez no escolarizada en situación de calle o en mendicidad propia. Como es característico de la exposición a contextos de calle, muchos niños, niñas y adolescentes permanecen indocumentados, lo cual dificulta el proceso de vinculación a servicios y activación de rutas de manera oportuna. El contexto de calle también ha resultado en consumo de sustancias psicoactivas y una identificación de trastornos psicológicos en niños, niñas y adolescentes. Cada año se ven más niños en el sistema de protección y, aunque es positivo que se establezca un proceso de restitución de derechos, la alta vinculación es preocupante porque implica que existe un contexto de alta vulneración de sus derechos.
Población general
Presencia de actores al margen de la ley, grupos delincuenciales y dinámicas conectadas al contexto del conflicto armado
Según la Defensoría del Pueblo en la Alerta 032 de 2020, hay presencia de más 140 grupos armados de crimen organizado de diferente nivel en el Valle de Aburrá. La Alerta reconoce a la población migrante venezolana como una de las poblaciones en riesgo, resaltando particularmente las afectaciones por la presencia de actores armados ilegales y las confrontaciones armadas, que han conllevado a múltiples violaciones de derechos. Dentro de las victimizaciones se resaltan homicidios, amenazas, desplazamiento forzado, reclutamiento, uso y utilización. Aunque no hay datos desagregados de la victimización por parte de estos actores, la Gobernación de Antioquia afirma que la instrumentalización de jóvenes sí se da de manera diferenciada de acuerdo al género.
También se anota que el contexto minero concentra actores que presentan un alto riesgo de explotación laboral y uso para delincuencia de niños y jóvenes, especialmente aquellos que migran solos y son presa fácil para ser reclutados.
Desde la Defensoría del Pueblo en la Alerta 032 de 2020, se analiza la situación de vulneración de derechos de población migrante. La mayoría de la población migrante se ha asentado en zonas deprimidas de la ciudad donde se encuentra el control por parte de grupos armados del crimen organizado. La población venezolana ha sido víctima de diversos hechos victimizantes. Por ejemplo, un hecho de homicidio generó el desplazamiento forzado de tres núcleos familiares constituidos por 21 personas en el barrio Belén Rincón. En el corregimiento de Altavista y en la Comuna 16 – Belén, se han dado casos de familias de nacionalidad venezolana que han sido víctimas por parte de grupos armados del crimen organizado
Por ende, la Defensoría exhortó a la administración municipal a generar acciones de prevención y protección para esta población en zonas de otras comunas de alta concentración de llegada de población venezolana, pero donde hay también una importante actividad de la ilegalidad, como son: Comuna 1 – San Pablo, Comuna 3 – Manrique, Comuna 8 – Villa Hermosa, Comuna 10 – La Candelaria y Comuna 13 – San Javier. De igual forma, en estos territorios, se ha dado aumento de casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes venezolanos por parte de grupos delincuenciales organizados
Integración socioeconómica
La precariedad económica e inestabilidad de la población migrante es un factor de riesgo ante vulneraciones a sus derechos, exposición a violencias y riesgo de desplazamiento intraurbano, reclutamiento forzado y las diferentes modalidades de trata de personas desde actores al margen de la ley o ejercicios individuales de explotación.
La población migrante se asienta en las comunas 3, 5, 10 y 13 por los corredores de comercio informal que permiten la participación de migrantes.
Se identifican sectores de la economía que tendrían la capacidad de absorción de la población migrante desde la formalidad, pero prevalece el limitante de la formalización y la convalidación de títulos y certificaciones en formación para el trabajo para acercar la oferta a la población migrante.
La Secretaría de Inclusión Social y Proantioquia resaltan que las cifras de desempleo e informalidad no solo afectan a la población migrante, sino que reflejan un periodo complicado para la economía local relacionado con la pandemia de COVID-19.
En Medellín se evidencian vulneraciones a los derechos humanos de la población migrante muy similares a las identificadas en otros territorios. Temas como las barreras de acceso a la salud, especialmente a servicios especializados y atenciones en el marco de la pandemia se ven limitados por el estatus irregular de los migrantes y las dificultades de capacidad preexistentes, lo cual también ocurre con respecto al acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, los hallazgos sugieren que los actores y los mecanismos de atención, protección y respuesta, tanto institucionales como organizacionales, comprenden las vulnerabilidades desde una visión sistémica, enmarcando las afectaciones a través del ciclo de vida. Esta perspectiva, sumada a la identificación de Medellín como una ciudad de alta vocación de permanencia (y no de tránsito), ha resultado en un entendimiento más integral de la experiencia migratoria y las atenciones necesarias para responder a la población desde un enfoque de derechos para la integración social.
Capacidades institucionales
Desde el Plan de Desarrollo 2020- 2023 “Medellín Futuro”, la administración municipal marca un objetivo de la formulación e implementación de una política pública para la gestión de la migración local, evidenciando el compromiso desde la administración local por la promoción del reconocimiento y garantía de derechos de la población migrante.
En la ciudad de Medellín la respuesta institucional a la situación de la población migrante se coordina principalmente desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, específicamente con la Unidad de Programas Especiales, desde un enfoque de protección. Esta dependencia lidera la gestión de la formulación de la política pública migratoria y coordina la respuesta con otras entidades públicas y con agencias de cooperación internacional. La estrategia de respuesta a la población migrante no está enmarcada en una oficina específica o en un programa destinado únicamente a población migrante, sino que se ha integrado a los diferentes programas sociales de la Alcaldía, teniendo en cuenta la experticia de cada uno de estos programas, incorporando el enfoque diferencial en materia migratoria.
La ciudad de Medellín cuenta con un espacio institucional denominado Mesa Migratoria Institucional, que cuenta con los enlaces en materia migratoria de distintas entidades estratégicas para responder a las necesidades de la población migrante, donde participan: la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, Secretaría de Juventud, Secretaría de Gestión y Control Territorial, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Económico, y desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, la Unidad de Niñez, la Unidad de Familia y el equipo de discapacidad. Actualmente están trabajando la política pública en migraciones, procesos de capacitación frente al ETPV y la construcción de un plan de emergencia ante la posibilidad de un flujo migratorio masivo.
La Mesa Migratoria es una iniciativa de los funcionarios de la administración pero no está conformada formalmente. Esta sesiona y comparte la información necesaria en materia de atención a población migrante y es desde allí donde se articulan acciones con el GIFMM Antioquia y con los diversos actores de atención a población migratoria, tanto de cooperación internacional como las organizaciones de la sociedad civil. En el momento se busca la formalización de la mesa por decreto como la “Mesa de Gestión Migratoria de Ciudad”. La consolidación de planes y espacios de trabajo para una política pública migratoria se reconoce como un proceso esencial para garantizar que los procesos continúen sin importar cambios administrativos o de personal.
La atención inmediata a población migrante se enruta desde la agencia de protección social, denominada 123 Social, una línea de emergencias en la que se atienden casos de extrema vulnerabilidad; sin embargo, desde el año 2020, la respuesta institucional ha adquirido un carácter de protección a través de la articulación interinstitucional. Para esta respuesta, la Personería es un actor estratégico que cuenta con un equipo de atención a población migrante y grupos étnicos para la garantía en acceso de derechos desde el uso de herramientas jurídicas y el apoyo técnico de las personerías del Valle de Aburrá y del Oriente antioqueño.
Desde la Secretaría de las Mujeres se lidera con la Secretaría de Seguridad y Convivencia el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, el cual tiene las siguientes Comisiones: Seguimiento y análisis, Fortalecimiento institucional y Comunicación. A su vez, lideran una subcomisión del GIFMM en materia de VBG.
A nivel de la Gobernación de Antioquia, la oficina central para asuntos migratorios es la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. La Gobernación ha desarrollado algunas respuestas de carácter humanitario, sin embargo, a partir del anuncio de la puesta en marcha del Estatuto de Protección, han visto la necesidad de avanzar hacia una estrategia de integración local. Desde la Gobernación no llevan a cabo programas específicos para población migrante, sin embargo, han incluido a población migrante en la atención de cada una de las Secretarías. Hoy, la Gobernación de Antioquia no tiene una atención diferencial para la población migrante.
A nivel departamental, existen tres mesas para la coordinación interinstitucional articuladas con el GIFMM. La Mesa Central es liderada por ACNUR y OIM, la Mesa de Oriente es liderada por la Pastoral Social y la Mesa del Urabá antioqueño es liderada por ACNUR.
Para la lucha contra la trata de personas, en el año 2019 la Secretaría Técnica del Comité Departamental para la Prevención y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas y de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) priorizó intervenir en 35 municipios del departamento. Los municipios fueron priorizados “por el alto flujo migratorio y/o la presencia de riesgos asociados a la trata de personas como el turismo, la minería, la caficultura y la cercanía al mar. 3.065 personas de diferentes sectores (funcionarios públicos, comunidad educativa, operadores turísticos y transportadores, dueños y/o representantes de establecimientos como hoteles, bares, café internet) fueron sensibilizados e informados sobre la trata de personas”.
Por su parte, la Alcaldía de Medellín responde al tema de trata desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El Comité municipal resalta el apoyo de la Defensoría del Pueblo en el proceso de acompañamiento jurídico y representación judicial para el restablecimiento de derechos de las víctimas. Los Comités Municipal y Departamental de Lucha Contra la Trata conforman el Comité Territorial. Este busca articular una respuesta inmediata en todo el territorio.
El Comité Territorial, con apoyo del Ministerio del Interior, está desarrollando el Plan de Acción Territorial para el 2021, que involucra a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Registraduría y diversas secretarías técnicas de la Alcaldía de Medellín, incluyendo la Secretaría de Salud, la Policía Nacional, Migración Colombia y el ICBF. En temas de salud, cuentan con alianzas con la Cruz Roja, la Fundación Amiga Colombo Venezolana (FAMICOVE), Profamilia, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Capacidades organizacionales
El GIFMM Antioquia cuenta con cinco mesas sectoriales y una mesa territorial, específicamente para el Oriente antioqueño, liderada por la Pastoral Social. Cada Mesa cuenta con su plan de acción y metas para el 2021. Aunque la participación de la cooperación internacional se resalta en estas instancias, existe una excelente articulación entre la administración local y la cooperación que busca potencializar las estructuras existentes y evita duplicar esfuerzos:
Salud: dirigida por ACNUR y ADRA, donde se trabajan con las organizaciones que atienden no solo los temas de atención en salud general, sino también salud mental y salud sexual y reproductiva
Multisectorial: dirigida por OIM, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD) y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín (SISDDHH), donde se trabajan los temas de alojamientos temporales, transporte humanitario, entregas de kits no alimentarios y planes de acción de atención.
Integración sociocultural: dirigida por la Corporación Ayuda Humanitaria y OIM, donde se tiene por objetivo la articulación de acciones para proyectos culturales, empleabilidad y acciones de prevención de la xenofobia.
Grupo local de transferencia monetaria: dirigido por el Consejo Danés para los Refugiados y ACNUR.
Protección: esta mesa de divide en 4cuatrocomités o subcomisiones:
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Subcomisión Niñez Refugiadas de la Unidad de Niñez de Medellín.
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Subcomisión sobre VBG de la Secretaría de las Mujeres de Medellín
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Comité Departamental de Lucha Contra la Trata de Personas (la cual sesiona en conjunto con el Comité Municipal de Medellín).
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CWC – Comunicación con comunidades, donde se trabaja con líderes y lideresas de la población venezolana.
Hay 23 organizaciones miembros que hacen parte del GIFMM, las cuales tienen en común que pueden recibir cooperación internacional, cumplen con los principios de imparcialidad y neutralidad y tienen acciones para la población migrante.
Eje transversal de trabajo para la integración social, la prevención de la xenofobia y el agenciamiento de las poblaciones migrantes
Los planes, proyectos e intervenciones expuestas por los entrevistados demuestran la transversalización de un discurso de no discriminación que busca la integración social de la población migrante a mediano y largo plazo de manera sostenible. A diferencia de otros territorios, se observan unas estructuras sociales, institucionales y organizacionales que comparten el discurso de inclusión y sostienen esfuerzos para la eliminación de la xenofobia como componente clave para dichos procesos. Este nodo de trabajo presenta un número de intervenciones que buscan fortalecer la ciudadanía, la educación para la paz y el agenciamiento de migrantes y comunidades de acogida para construir un contexto donde las otras líneas de trabajo puedan tener una mejor recepción.
Nodo 1
Para la atención y respuesta a niños, niñas y adolescentes
Garantía del acceso y permanencia en el sistema educativo por medio de esfuerzos de fortalecimiento institucional, programas educativos incluyentes y una política pública para niños, niñas y adolescentes con enfoque diferencial. Creación de planes y proyectos a mediano y largo plazo para la construcción del proyecto de vida, mediante la formación, el fortalecimiento de capacidades, la cultura de paz y la integración social temprana:
Acceso, permanencia y fortalecimiento del sistema educativo: Secretaría de Educación, ICBF y la organización ACDI/VOCA.
Protección y respuesta a violaciones de derechos humanos: Unidad de Niñez, ICBF y la institución Ciudad Don Bosco.
Programas para la creación de capacidades de la juventud migrante: Universidad EAFIT, ACDI/VOCA, Fundación Mi Sangre y la plataforma El Derecho a No Obedecer.
Nodo 2
Para los medios de vida de las poblaciones migrantes
Formación laboral, fortalecimiento del perfil profesional del migrante y apoyo a emprendimientos para estimular la competitividad en el mercado formal local y creación de alianzas con actores privados para la absorción laboral, capitalizando las capacidades y potencial del trabajador migrante para el desarrollo de los entornos y las industrias locales. Se observa un énfasis en la atención psicosocial como componente en todos los procesos de integración socioeconómica.
Aunque se identifican barreras de empleabilidad de mujeres migrantes relacionadas con su condición de madre y edad, que se suman a las barreras de certificación y formalización de las personas migrantes, no es evidente que el trabajo de empleabilidad y emprendimiento para la integración local de los migrantes se haga desde un enfoque de género. Esto es necesario para responder al contexto de riesgo al que se enfrentan las mujeres migrantes ante sus limitadas oportunidades en el mercado laboral formal:
Enlaces para la empleabilidad: Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama), ACDI/VOCA, Ciudad Don Bosco, Fundación Mi Sangre y Cuso International.
Formación para el trabajo: Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), SENA (solo para migrantes regulares), ACDI/VOCA, Comfama y la constructora Conconcreto
Emprendimientos: Colvenz, Comfama y la Escuela de Inclusión Social de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.
Nodo 3
Para la garantía de derechos de mujeres y población LGBTI y la transversalización de un enfoque de género en la prevención de violaciones de derechos humanos
En línea con los esfuerzos de transversalizar un enfoque diferencial que responda a las necesidades particulares de los migrantes, los actores enfatizan la importancia de sumar el enfoque de género a estos esfuerzos. Desde la Secretaría de Inclusión Social se lideran procesos con poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres y población LGBTI, que enfatizan la prevención de las VBG, la identificación y activación de rutas para casos de violencia. Tanto desde la institucionalidad como desde la cooperación y la sociedad civil, la respuesta a casos individuales de violencia enfatizan el trabajo psicojurídico y psicosocial como la estrategia adecuada para responder a las mujeres y estimular el acceso a la justicia.
Desde la sociedad civil, la colectiva Justicia Mujer y Casa Diversa resaltan por su trabajo directamente con mujeres y población sexualmente diversa para crear capacidades en el territorio, facilitar articulaciones con organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el Estado y, así, facilitar procesos de asistencia técnica para fortalecer la capacidad de respuesta de diversas entidades con enfoque de género.
Aunque es evidente que la población migrante enfrenta un alto riesgo de trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial, que afecta de manera desproporcionada a mujeres, el trabajo forzado, la mendicidad, y servidumbre son riesgos que enfrenta toda la población migrante. Por ende, se considera un nodo de trabajo para la lucha contra la trata, liderada por el Comité Territorial, de la mano de actores de la cooperación como la OIM y de la sociedad civil desde la Corporación Espacios de Mujer.
La Corporación Espacios de Mujer es una organización que ha sido lider no solo en el municipio, sino a nivel nacional en materia de prevención y atención de la trata de personas y atención a mujeres en contexto y ejercicio de prostitución. Esta organización implementa acciones de fortalecimiento y empoderamiento para la protección de los derechos humanos. La Corporación es miembro activo de la Alianza Colombiana de Organizaciones de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas desde el 2013, año de su creación.
Por varios años, Espacios de Mujer lideró la Alianza, la cual cuenta con aproximadamente 20 organizaciones miembro en toda Colombia, cuya misión común es posicionar y fortalecer la acción conjunta de la sociedad civil para incidir en el abordaje integral de la lucha contra la trata de personas. Son una organización que ejerce veeduría ciudadana a la implementación de la polictica publica de lucha contra la trata de personas, han publicado balances de implementación de las policitas publicas de lucha contra la trata de personas, con especial enfasis en Antioquia y Medellín.
Esta organización es socia de Conectando Caminos por los Derechos por medio de un proyecto que busca contribuir a la creación de un entorno favorable para que la población migrante venezolana y colombiana retornada (con especial énfasis en las mujeres) adquiera mayores capacidades, habilidades, conocimientos y recursos para prevenir y combatir la trata de personas. En la implementación de este proyecto se logró la participación en talleres de capacitación de la trata de personas a 376 personas, la creación de infografías de qué es la trata de personas, modalidades y fines de la trata, todas estas con un enfoque migratorio.
Considerando los importantes esfuerzos a nivel territorial para promover la inclusión socioeconómica de la población migrante, se hace relevante la transversalización del enfoque de género en estos esfuerzos.
En Venezuela no se vivían muchas de las problemáticas sociales que se viven en Medellín, como la presencia de grupos delincuenciales, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y la extorsión. Frente a estas situaciones, al ser nuevas, la población venezolana es mucho más vulnerable a ser víctima de estos flagelos.
Algunos actores presentan indicios de que existen debilidades en la institucionalidad y sus alianzas en temas como la lucha contra la trata de personas. Aunque existen unas entidades responsables, estas anotan que manejan un número muy bajo de casos, poniendo en cuestión las estrategias o procesos de identificación y enrutamiento de casos. ¿Hay pocos casos o estos no llegan a la institucionalidad?
Las dinámicas de asentamiento de la población con respecto a la geografía y topografía de Medellín presenta una barrera para el acceso a servicios por tema de transporte, costos y tiempos de los trayectos. Esto también se conecta a dinámicas de violencia y conflicto: en lugares más apartados y con más necesidades es donde generalmente se presenta una oferta más limitada.
La institucionalidad no “se está inventando nada nuevo” sino uniendo esfuerzos y capitalizando las estructuras, programas y capacidades existentes e integrando un enfoque diferencial para personas en movilidad humana, como la línea de atención 123 Social.
Integración cultural de la comunidad venezolana en la comunidad de acogida.
Hay que fortalecer un esquema que comprenda la migración y los retos de tránsito y asentamiento a través de una perspectiva de género, especialmente el empleo como un factor protector ante VBG, explotación sexual y sexo por supervivencia, al igual que la formalización de mujeres migrantes como una manera de eliminar barreras en la denuncia de violaciones a sus derechos y el acceso a la justicia.
Educación en derechos, riesgos y servicios: una educación sobre las dinámicas del territorio y la infraestructura local para atender a sus necesidades, al igual que el uso de un lenguaje incluyente que sea accesible para la población en estas intervenciones migrantes puede apoyar el proceso de integración local.
Es importante evaluar su capacidad para poder generar acciones de fortalecimiento donde sea necesario. Esta visión “práctica” y la disposición para la transversalización de un enfoque de inclusión en todos los espacios es una oportunidad muy grande para seguir sumando esfuerzos desde Conectando Caminos por los Derechos.
Es necesario apoyar la descentralización de los servicios, especialmente en temas de registro al Estatuto Temporal para garantizar la cobertura a través del territorio
Es necesario continuar con campañas de prevención de la xenofobia, generación y construcción de tejido social e intercambios culturales.
Percepciones frente al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos
La prueba sumaria es la nueva barrera para la formalización. No es muy claro lo que se acepta por el sistema como prueba sumaria y, en muchos casos, los migrantes, por su mismo estatus irregular, no cuentan con ningún documento que sustente su entrada al país antes de la fecha límite.
Aunque el Estatuto se reconoce como una gran solución para el tema de la formalización, las autoridades locales reconocen una brecha entre el registro y la formalización. Como es expresado por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, después del pre-registro, “el país se reserva discrecionalidad de aceptarle o no, entonces ahí está implícito la posible violación del derecho a la no devolución”. Este es un tema que se está discutiendo jurídicamente.
Por último, ¿quién va a costear la ampliación de la cobertura institucional que ofrece el Estatuto? Entidades locales cuestionan su capacidad de costear los servicios que se garantizan en el ETPV. Tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín expresan que, en la información que tienen sobre este proceso, no se hacen claras las competencias y responsabilidades del municipio, departamento y el Gobierno en el acompañamiento y financiación de estos servicios. “El Gobierno nacional dice - hagan y atiendan - pero no manda plata a los territorios. Con la misma platica tenemos que atender más población”.
