Cartagena

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Cartagena es la capital del departamento de Bolívar. Aparte de su vocación como destino turístico, es también un importante centro de actividades industriales y portuarias. Cartagena tiene 1 '043.926 habitantes, de los cuales 88,77% vive en área urbana y el 11,22% en zonas rurales. El 48,13% son mujeres y el 51,86% son hombres. El departamento es décimo en el país en recepción de migrantes procedentes de Venezuela (80.502 migrantes, o 4.65% del total nacional) y Cartagena es la sexta ciudad a nivel nacional (51.171, o el 2.95%). En el Distrito se han identificado a los barrios El Pozón y Nelson Mandela como lugares en los que se ubican principalmente los migrantes procedentes de Venezuela. Otros municipios del departamento con presencia de migrantes son: Magangué (7.138), Turbaco (2.827), Arjona (2.150), Santa Rosa del Sur (1.391), Mahates (1.175), Arroyo Hondo (1.031) y Calamar (1.012).

La vocación turística de la ciudad ha sido utilizada para generar un comercio de personas en explotación sexual, fenómeno que afecta particularmente a menores de edad y posiblemente también a las migrantes por su condición de vulnerabilidad económica y social.

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Género

Ecosistema de VBG en el territorio alrededor de dimensiones de vulnerabilidad que afecta a las mujeres migrantes de manera desproporcionada

Existe un ecosistema de VBG en Cartagena que se configura desde unas dimensiones de vulnerabilidad que afectan a mujeres migrantes de manera desproporcionada. El ejercicio constante de violencias contra la mujer al nivel micro y macro ha sido legitimado y naturalizado de tal manera en el territorio que se hace difícil interrumpir ciclos de violencia y comprender las relaciones causa-efecto del complejo entramado de actitudes, ejercicios y disposiciones sociales, políticas y económicas que toleran y perpetúan la violencia contra las mujeres en el ámbito de lo privado y lo público.

Por un lado, se hacen evidentes las violencias en el camino migratorio como una experiencia común para mujeres y niñas en tránsito donde, expuestas a grupos delincuenciales, captadores y proxenetas se ven obligadas a intercambiar sexo por autorizaciones para continuar el trayecto migratorio.

En el proceso de asentamiento e integración social, se identifican unas dinámicas de hipersexualización y xenofobia que construyen imaginarios sobre la mujer migrante con consecuencias reales para su acceso a servicios, medios de vida y condiciones de vida digna. Al mismo tiempo, estas concepciones aumentan su riesgo de vivir acosos y abusos en diferentes contextos con ideas como “las venezolanas son quitamaridos”, “son prostitutas” y “se acuestan con cualquiera”.

Estos imaginarios sociales se alimentan de y contribuyen a la consolidación de sistemas de sexo por supervivencia, matrimonio servil y la explotación sexual comercial de mujeres migrantes en contextos de prostitución. Estos, a la vez, se ven atados a las múltiples barreras para acceder a medios de vida, la brecha de empleo por género y significantes barreras para encontrar y pagar un alojamiento seguro. Se expresa una especial preocupación por la vulnerabilidad vivida por mujeres jóvenes, por lo general madres cabeza de hogar. En condiciones de gran necesidad, las mujeres se ven en la situación de intercambiar sexo por dinero o comida, de buscar uniones tempranas, o de permanecer en relaciones violentas u opresivas a cambio de un nivel de seguridad económica para ellas y muchas veces sus hijos.

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Por su lado, se expresa que en el contexto de turismo de Cartagena “todo se vale”, lo cual legitima un “mercado del sexo” basado en la explotación de la mujer (muchas veces la mujer migrante). Como expresan actores expertos en el tema como es la Fundación Renacer, dentro de este sistema, “el explotador” puede ser tanto parte de una red organizada como padres o miembros de la misma comunidad o del entorno familiar de la mujer, niño o niña explotadxs, lo cual implica significativas dificultades para identificar, categorizar y atender a las víctimas e identificar y judicializar a los victimarios.

Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) resalta que las rutas para la respuesta ante VBG por parte del Distrito son complejas y se cuestiona su capacidad de respuesta, considerando que fueron establecidas en el 2009 sin actualizaciones posteriores. Se discute su capacidad de responder a las mujeres migrantes y a nuevas modalidades de captación y explotación de niños, niñas y adolescentes por medio de tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Es importante resaltar que las barreras de acceso a la salud de mujeres migrantes implica también una brecha de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que afecta mayormente a adolescentes y mujeres jóvenes. Se observan narrativas xenófobas en el contexto que afirman que la mujer migrante “viene a parir a Colombia” o “se embaraza para recibir beneficios del estado”. Esto desconoce, por un lado, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, por otro, la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos que enfrentada a sus experiencias en contextos de alta violencia sexual, uniones tempranas o serviles y contextos de alta vulnerabilidad y pobreza han resultado en una alta prevalencia de embarazos no deseados. Estos condicionan las posibilidades educativas y laborales de mujeres jóvenes reforzando ciclos de pobreza y violencia.

La sistematicidad del ejercicio de violencia contra las mujeres en el territorio se ha hecho evidente también desde los feminicidios contra mujeres migrantes provenientes de Venezuela. Tanto la Gobernación de Bolívar como ACNUR y Servicio Pastoral al Migrante Venezolano (SEPAMIVE) reiteran que hay una tendencia marcada de violencias en el hogar que no son denunciadas o que no son atendidas a tiempo resultado en el asesinato de mujeres migrantes.

Oportunidades laborales para personas sexualmente diversas

Se identifica una especial necesidad de fomentar la contratación de migrantes y en general personas sexualmente diversas en diferentes sectores de la economía. En el momento, líderes en el tema como Caribe Afirmativo resaltan la persistencia de expresiones xenofóbicas encima de la discriminación por la orientación o expresión sexual que actúa como una barrera para la empleabilidad, resultando en una concentración de migrantes LGBTI en contextos de prostitución y la peluquería. También resalta la marcada división sexual del trabajo en la región como una estructura discriminatoria difícil de navegar.

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Niños, niñas y adolescentes

Explotación para fines de mendicidad y trabajo infantil

Por parte de la institucionalidad se reconoce el problema del uso y utilización de niños, niñas y adolescentes para mendicidad y mendicidad ajena, especialmente en el centro de la ciudad alrededor del sector del turismo. Desde conversaciones con líderes sociales se busca confrontar esta información y se menciona la modalidad de “alquiler de niños” como una práctica común y el trabajo infantil en ventas ambulantes y el abastecimiento de comida. Además, de acuerdo con la Gobernación de Bolivar, se han evidenciado casos de trabajo forzado y trabajo infantil en el contexto minero del departamento pero se hace difícil identificar el involucramiento de población migrante en estas dinámicas.

Población general

Presencia de estructuras criminales y actores al margen de la ley

La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas donde se identifica a la población migrante en el departamento de Bolívar población de riesgo. La Alerta Temprana No. 002 identificó como grupo poblacional en riesgo a la población migrante venezolana, en donde se advierte sobre el posible reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y vinculación de adultos a estructuras armadas como los Pachencas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Además, la Alerta Temprana No. 025 identifica a mujeres adolescentes y mujeres con estatus migratorio irregular de nacionalidad venezolana, como población en riesgo de trata de personas con fines de explotación sexual por parte de “Los Venecos”. De acuerdo con la alerta, por medio de falsas promesas laborales, las trasladan mediante engaños hacia el Sur de Bolívar, en donde son acogidas por grupos de delincuencia local que bajo amenazas de muerte las explotan sexualmente. Algunas de estas víctimas son trasladadas a sectores rurales, en donde hacen presencia grupos armados al margen de la ley, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las AGC.

Como se evidencia mediante las Alertas y lo expresado por la Gobernación de Bolívar, la presencia de grupos ilegales en la zona y los delitos asociados con su actividad (tráfico de estupefacientes) se ven fuertemente relacionados con las redes de trata. A la vez, la Gobernación expresa que por los recursos económicos que manejan grupos armados, enfrentados a un contexto de precariedad configuran un atractivo para jóvenes migrantes. Aunque este delito es muy difícil de detectar, la Gobernación comparte que han detectado repetidos casos de pérdida de documentos de mujeres migrantes que les ayuda a identificar que pueden estar siendo captadas por dichas redes.

Explotación laboral

Los niveles de desempleo e informalidad en el Distrito de Cartagena, sumado a la precariedad económica de los migrantes y su desconocimiento del funcionamiento institucional y laboral en Colombia, los hace vulnerables a la explotación laboral. En el ámbito de la informalidad, se concentran los migrantes en la venta de café, venta de dulces, bicitaxis, mototaxis y construcción.

En sectores como la industria de alimentos y bebidas especialmente para turismo, en el comercio (mercado de Bazurto) y en peluquería, se ha popularizado la contratación de población migrantes como mano de obra barata, brindando condiciones laborales subóptimas y pagos por debajo de la normativa vigente aprovechando el estatus migratorio irregular y a la vez generando tensiones con los nacionales que sienten que “los migrantes regalan el trabajo y le quitan el trabajo a los locales”. A la vez, la Gobernación de Bolívar resalta las dinámicas de explotación en el contexto del trabajo doméstico en municipios como Turbaco, Arjona, María la Baja y Carmen de Bolívar.

Desde la Fundación Un Solo Pueblo se discute a profundidad la intersección entre la precarización de la contratación de migrantes y la presencia de mano de obra calificada en la población migrante cuyos títulos y certificaciones no son reconocidos en Colombia. Como es expresado, las potencialidades de la población son ignoradas mediante barreras para la integración laboral de migrantes calificados.

poblacion general
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Capacidades institucionales

El Plan de Desarrollo del Distrito tiene un eje transversal enfocado en los derechos de las poblaciones vulnerables, sin embargo, no incluye de forma explícita y puntual a los migrantes. La Secretaría del Interior del Distrito se encarga de las acciones encaminadas a atender a esta población. Adicionalmente, la Secretaría del Interior Departamental también realiza acciones dirigidas a la población migrante.

Tres esfuerzos para resaltar por parte de la administración distrital son:

La inauguración del Centro de Atención Integral para Migrantes, Refugiados y Retornados en el barrio El Líbano el pasado 2 de marzo de 2021 por el Alcalde Mayor de Cartagena William Dau Chamat con el apoyo de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

La Alcaldía de Cartagena instaló el 3 de marzo de 2021 la Mesa de Gestión Migratoria, en cumplimiento del Decreto 1621 del 24 de diciembre de 2020. El acto estuvo presidido por el alcalde William Dau y el Secretario del Interior, David Múnera Cavadía.  

La firma de una carta de entendimiento con ACNUR (representante en Colombia Josef Merkx) para la protección de los migrantes que provienen de Venezuela, la cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. Este acuerdo permitirá el trabajo conjunto en la construcción de una política pública enfocada en atender las necesidades de los migrantes, refugiados y retornados y la atención humanitaria en el marco de los flujos migratorios mixtos.  

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Como espacio de coordinación interinstitucional, Cartagena cuenta con la Mesa de Gestión Migratoria, creada formalmente con el Decreto 1621 del 24 de diciembre de 2020, que fue instalada el 3 de marzo de 2021; cuya secretaría técnica es la Secretaría del Interior. En otros sectores también hay mesas interinstitucionales que han desarrollado trabajos específicos con población migrante como: (i) la Mesa Técnica de Desalojos para proteger a varias familias que estaban en situación de calle o en peligro de ser desalojadas y (ii) la Mesa Técnica de Salud, ya que las EPS del distrito no estaban atendiendo a las personas que tenían un salvoconducto de refugio:

En este espacio se resalta el apoyo de ACNUR, quienes brindan colaboración en las mesas de gestión migratoria y hacen trabajo de campo conjunto con el Gobierno para socializar rutas de atención en comunidades y barrios.  

Además, los actores resaltan el trabajo de la Mesa de Víctimas y se hace un llamado a fortalecer la Mesa de Niñez Migrante bajo el ICBF, donde confluyen múltiples entidades para el procesamiento de casos de vulneración de derechos humanos.  

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En las conversaciones del Análisis Político-Económico Aplicado (APEA), la Secretaría Distrital del Interior expresa que la mesa se ha venido desarrollando cada dos meses. Durante 2020 se llevaron a cabo seis Mesas de Gestión Migratoria y una durante 2021, como un espacio de articulación interinstitucional en la que confluyen autoridades del gobierno local y nacional, de la cooperación internacional y actores de la sociedad civil. Estos actores se reúnen periódicamente para evaluar la respuesta del fenómeno de flujos migratorios mixtos en Cartagena. Migración Colombia resalta la importancia de la articulación por medio de un grupo de WhatsApp que permite la respuesta inmediata de las organizaciones pertenecientes.  

Desde la Secretaría de Participación Ciudadana se articulan un número de dependencias y servicios para la respuesta a la población vulnerable. En el tema de género, se ha configurado a la Oficina para Asuntos de la Mujer, identificada como el único programa de la administración distrital que tiene metas relacionadas con la población migrante, trabajando en 4 líneas de acción: atención a primera infancia, prevención de riesgos sociales, ludotecas/recreación y acompañamiento psicosocial.

Se identifica la necesidad de transicionar de la denominación de “Oficina” a “Secretaría” para garantizar la independencia y la designación de recursos exclusivos para aumentar la capacidad de respuesta y promover programas y proyectos con enfoque de género. Se menciona durante una visita la existencia de un albergue temporal para mujeres y niños, niñas y adolescentes víctimas de VBG bajo la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, pero se afirma que estuvo fuera de funcionamiento durante 8 meses por falta de recursos.

Por otro lado, se trajo a colación en conversaciones que la Secretaría de Participación tiene un rol importante en el tema de reclutamiento forzoso. Considerando las barreras para la denuncia y la identificación activa de casos, aún se necesitan fortalecer las capacidades institucionales para responder a este delito.

El Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES) es la instancia de la administración local que se encarga de atender a la población en pobreza extrema. Dado que los migrantes en su mayoría se ubican en los sectores de alta vulnerabilidad, también son beneficiarios de los programas dirigidos a la población en pobreza extrema incluyendo servicios de identificación, salud, bancarización, dinámica familiar, acceso a la justicia y educación.

Se identifica que la alta volatilidad política en la ciudad ha sido un factor determinante en la capacidad de respuesta del distrito. La alta rotación de personal ha causado gran dificultad para garantizar la continuidad y coherencia de los planes para la atención a migrantes, al igual que ha dificultado los procesos de formación en la normativa migratoria vigente y los procesos inclusión y uso del lenguaje para trabajar con poblaciones diversas. Ahora que se observa un periodo de relativa estabilidad política, se busca consolidar las capacidades del distrito para ofrecer una respuesta continuada ante la situación migratoria.

Espacios de articulación

Los espacios físicos para la articulación de entidades de carácter diverso se identifican como claves para dar respuesta al contexto migratorio de la ciudad. En Cartagena, a diferencia de otras ciudades mapeadas, se hace evidente una estrategia territorial de atención que acerca la oferta a la comunidad. Se identifican cinco espacios desde los cuales se articula la administración local con la cooperación internacional y la sociedad civil para llevar servicios a las poblaciones.

El Centro de Atención Integral para Migrantes y Refugiados es una iniciativa de la Alcaldía de Cartagena de la mano de ACNUR y OIM. Este espacio concentra la oferta institucional y de la cooperación internacional en una casa ubicada en el barrio El Líbano. Tomando como referente el Centro de Integración Local para Migrantes de la ciudad de Barranquilla, el Centro busca garantizar la asesoría y orientación en diversos temas por medio de la siguiente programación:  

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    Lunes y martes: DADIS con jornadas de atención y afiliación.

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    Miércoles: PES con jornadas de identificación, de salud, de nutrición y de acceso a la justicia.

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    Jueves: Migración Colombia y Fenalper.

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    Viernes: Secretaría de Educación y Secretaría de la Mujer.

Los Espacios de Apoyo de ACNUR fueron creados a través de una carta de entendimiento entre la Alcaldía de Cartagena con ACNUR y la cooperación de Opción Legal. Los Espacios de Apoyo funcionan como puntos de atención a la población migrante desde las Casas de Justicia de los barrios Country y Chiquinquirá.  

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    Durante 2020 tuvieron 1.331 atenciones.

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    En 2021 van hasta el 23 de marzo 1.433 atenciones.

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    El 80% de las personas atendidas son migrantes y el 20% son colombianos retornados.

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    Sus líneas de acción incluyen la socialización de las rutas de atención con las que cuenta el distrito, el enrutamiento de casos a través de la Secretaría del Interior, la capacitación de funcionarios públicos y la articulación de servicios de diversas organizaciones.

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    Por su estabilidad en la atención a la población migrante y el acompañamiento en la formación a funcionarios del distrito estos espacios se han convertido en referentes para Cartagena.

capacidades institucionales

La Casa Afirmativa a cargo de Caribe Afirmativo se designa como un lugar libre de discriminación y prejuicios para la atención y orientación de personas LGBTQ migrantes, especialmente en términos de apoyo psicosocial y jurídico. Además, se dispone como un espacio para el desarrollo artístico y la formación de personas LGBTQ migrantes por medio de talleres en DDHH, salud mental, inteligencia emocional y habilidades para la vida. Desde las casas también se facilita la conexión a internet para que los migrantes se pongan en contacto con familiares.  

La Casa de Atención al Migrante en el barrio la Consolata es un espacio que concentra las atenciones del SEPAMIVE. Aquí se prestan servicios de asistencia en salud, atención psicosocial, ayuda alimentaria, educación de niños y jóvenes, actividades recreativas y atención espiritual. Por medio de una estrategia de atención territorial, SEPAMIVE usa sus parroquias en puntos de alta concentración de migrantes como espacios para la atención o referenciación de casos y coordina el trabajo con dicha población en tres líneas de acción:  

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    Acoger “es la hija mayor del amor”.

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    Proteger con un enfoque de derechos.

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    Promover, desde el reconocimiento de las potencialidades de las personas.

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    Integrar social y económicamente por medio de las celebraciones de la fe, la cultura y la gastronomía.

Puntos de Referenciación y Orientación (PRO): a través de estos espacios, la OIM hace presencia en algunos Puntos de Atención al Ciudadano de la Secretaría del Interior y hace jornadas en barrios para la referenciación y orientación de migrantes.  

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Nodo 1

Para la prevención, protección y respuesta ante violaciones de los derechos de las mujeres en el territorio

Se identifica un complejo entramado organizacional e institucional en busca de garantizar los derechos de las mujeres, en el cual cada vez se habla más de la mujer migrante desde una mirada interseccional:

Desde la cooperación internacional y la sociedad civil se observa una oferta humanitaria en servicios en salud para mujeres gestantes y lactantes, la entrega de kits para mujeres gestantes y medicina especializada en ginecología.  

Por parte de la sociedad civil existe un énfasis en la prevención y respuesta a VBG por medio de programas educativos y servicios de atención psicosocial y enrutamiento de casos.  

Desde el GIFMM se busca construir capacidades y articular una respuesta para la garantía de derechos humanos de las mujeres por medio del grupo de trabajo en género a nivel regional.  

Por parte de la institucionalidad se dispone la Oficina de Asuntos de la Mujer bajo la Secretaría de Participación Ciudadana. Desde la Secretaría técnica se articula el mecanismo para la prevención de violencias y el Comité Distrital de Lucha Contra la Trata de Personas. Además, la Secretaría de Participación incide en los siguientes espacios:  

  • Programa de participación política “Las mujeres decidimos en el ejercicio del poder”, para promover el liderazgo en las tres localidades de Cartagena. Participación en las JAC y otros espacios de incidencia territorial.

  • Articulación transversal con los diferentes sectores de la administración desde programas como “Cartagena libre de una cultura machista” “Escuelas libres de sexismo” desde los colegios.

  • Trabajo con los medios de comunicación para identificar conductas machistas.

  • Un mecanismo de incidencia para que las mujeres tengan participación en el Consejo de Política Social.

  • El programa de diversidad sexual, con metas en el plan de desarrollo, para promover los derechos LGBTI.

  • Programas sobre salud sexual y reproductiva en articulación con el sector salud.

Nodo 2

Para la lucha contra la trata de personas

Este nodo se ve liderado en dos frentes. Por un lado, la articulacion en prevención, protección y respuesta se centra alrededor del Comité Distrital de Lucha contra la Trata de Personas en diversas actividades de prevención financiadas por OIM, con el apoyo de una consultora de la Fundacion Renacer. Además, se viene realizando un trabajo de reconocimiento y enrutamiento de casos, un eje de judicialización de casos para fortalecer el acceso a la justicia y un proceso de educación para la prevención de casos junto con la Oficina para Asuntos de la Mujer.

Por el otro lado, se hace evidente que la Fundación Renacer es el líder técnico en el tema y ha tomado un rol crucial en la creación de capacidades instaladas con entidades como el Comité Distrital y el ICBF y el fortalecimiento de políticas públicas. También vienen realizando un proceso de creación de capacidades en el territorio evidenciada por el importante trabajo que se ha hecho con las Mujeres Lideresas del Pozón, quienes una vez fortalecidas bajo la fundación se conformaron como organización independiente realizando procesos de prevención de la explotación sexual y la trata de personas.

Este nodo trabaja diferentes modalidades de trata además de las poblaciones de alto riesgo particularmente mujeres y NNA. Se resalta el esfuerzo de trabajo articulado del Comité Distrital de Trata, no solo con la cooperación internacional si no por su trabajo unificado al nivel departamental que ha apoyado la consolidación de un equipo técnico en el territorio. Más allá de la prevención, las entidades resaltan la importancia de fortalecer la identificación de casos ya que el delito permanece invisibilizado.

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Nodo 3

Para la garantía de los derechos humanos de los niños. niñas y adolescentes

Este nodo de trabajo está orientado hacía la garantía de los derechos más fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes. Por el mandato del ICBF, bajo el Código de Infancia y Adolescencia “(la atención) para todos los niños y niñas es la misma, independiente de su estatus irregular”. Aunque para población migrante se identifica una especial necesidad por acceso a la identidad, acceso a servicios de salud y acceso a la educación, no se identifica un enfoque o estrategia diferencial para responder a las necesidades particulares de niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente por las dificultades del trayecto migratorio, los riesgos que enfrentan en el distrito y los retos de la atención a niñez en condición de mendicidad y niñez no acompañada.

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En el proceso de recolección de datos y en las interacciones desde los enlaces territoriales se hace evidente que hay una dinámica propia de la ciudad que dificulta el acceso a información específica y desagregada sobre la población migrante. La ausencia de un enfoque diferenciado por grupos poblacionales a través de las líneas de género, identidad sexual, etnicidad, y estatus migratorio, dificulta el mapeo concreto de las experiencias, condiciones y necesidades específicas de una población diversa; esto también ha resultado en intervenciones que ignoran dichas particularidades (como es el caso de niños, niñas y adolescentes).

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Xenofobia institucional: aunque identificamos una significativa voluntad por parte de la administración local para crear, facilitar y articular procesos para la atención de la población migrante, es evidente que persisten discursos xenófobos entre funcionarios públicos que condicionan la capacidad de ofrecer una respuesta no discriminatoria, efectiva y oportuna. Es por esto que varias organizaciones identifican la necesidad de aprovechar el contexto de estabilidad política de la administración para formar a funcionarios y proveedores de la administración en derechos y la normativa vigente en materia migrante (reducción de gatekeepers), en enfoque de género, en la disponibilidad de rutas del distrito, especialmente para la activación en casos de trata de personas, y en la lucha contra la xenofobia.

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Flujos de información: persiste una necesidad por parte de la comunidad, tanto de acogida como migrante, en educación en derechos de la normativa colombiana en el contexto migratorio y la oferta institucional y organizacional para la prevención, protección y respuesta a sus derechos. Esta es una manera de evitar gatekeeping en diferentes entidades y servicios, promover la denuncia de violaciones a derechos humanos y, así, promover el agenciamiento de los migrantes para buscar la garantía de sus derechos.

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La oferta de servicios para población migrante en la ciudad tiene amplia cobertura pero poca articulación a través de territorios y estrategias; es importante hacer un mapeo institucional y articular las ayudas para evitar duplicar esfuerzos y potencializar estrategias exitosas.

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El contexto del Distrito en tema de acceso a la salud ha cambiado de manera significativa desde el inicio del proceso de recolección de datos. La pandemia por COVID-19 ha llevado al colapso de la red hospitalaria, limitando aún más el acceso.

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Potencializar las iniciativas incipientes por parte de la Alcaldía: considerando que el CAIM fue abierto muy recientemente y varios proyectos se encuentran en una etapa temprana es importante promover su crecimiento e incidir en planes a mediano y largo plazo por medio de la transversalización de una estrategia sostenible de integración local para la población migrante.

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La distribución territorial de servicios y programas para la prevención, protección y respuesta a las violaciones de derechos humanos de la población migrante, hasta un punto responde a la dispersión de la población en el distrito y municipios aledaños, al igual que unos esfuerzos institucionales y organizacionales por expandir la cobertura de su oferta:

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    Aunque no se presenta en el momento una estrategia unificada en el territorio por parte de estos espacios, se identifica una gran potencialidad en su presencia descentralizada para la transversalización de un enfoque de género e inclusión social en forma de cascada: desde la administración local en su creciente interés por responder a la población migrante, hasta los espacios de orientación y los líderes y lideresas en las comunidades.

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    Este tipo de estrategia apoya una consolidación de un esfuerzo de integración local a mediano y largo plazo desde el reconocimiento de las necesidades específicas de la población migrante al igual que las intersecciones entre la experiencia migratoria e identidades y condiciones diversas.

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    La transversalización del enfoque de género es esencial para responder al ecosistema de VBG identificado en la región. Todas las atenciones e intervenciones necesitan un lente de género para la identificación y enrutamiento de casos de manera eficaz y oportuna de manera que interrumpa los ciclos de violencia en los que se ven inmersas las mujeres migrantes. Del mismo modo, un enfoque de género en la prevención y protección a la niñez migrante es una manera de detener el desencadenamiento de violencias y vulnerabilidades a través del ciclo de vida.

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    La integración del enfoque diferencial para la respuesta a niñez migrante más allá de la garantía de acceso a servicios básicos es necesaria para la atención y respuesta a niñez en condición de mendicidad y en especial a niños, niñas y adolescentes no acompañados.

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    Apoyar la continua articulación municipio-departamento de los Comités de Trata y los esfuerzos de la administración local por fortalecer prevenir y responder al delito de trata desde sus propias estructuras más allá de los esfuerzos pedagógicos que se vienen realizando.

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Percepciones frente al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos

Se ha definido un punto de atención (puntos visibles) para el registro en Cartagena y Magangué pero es necesario expandir la atención a los municipios del sur. Hay cobertura institucional en los corregimientos de Cartagena (Pasacaballos, Bayunca y La Boquilla).

En el momento de recolección de datos se evidencia gran incertidumbre y expectativa sobre la resolución final y la reglamentación del Estatuto. Se identifica el Estatuto como “un escudo protector” de gran importancia, siempre y cuando se socialice de manera adecuada. Se resalta por una lado la necesidad de socializar la nueva norma con todos los funcionarios públicos para garantizar el acceso a derechos que este reglamenta, al igual que la socialización con la población migrante con respecto al alcance del estatuto, sus beneficios y la importancia de acogerse a este.

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