ANÁLISIS POLÍTICO ECONÓMICO APLICADO
Cali
Según cifras de Migración Colombia a corte 31 de enero de 2021, se registraron 89.258 ciudadanos venezolanos con vocación de permanencia en el Valle del Cauca, de los cuales 59.571 residen en la ciudad de Cali, 6.872 en Jamundí y 5.650 en Palmira. También, del total de los venezolanos con vocación de permanencia en el Valle del Cauca, 47% tienen Permiso Especial de Permanencia (PEP) y 53% no tienen.
Algunas de las violaciones a los derechos humanos más recurrentes en la población migrante en la ciudad, obedecen a dinámicas propias del territorio. En el caso de los hombres migrantes hay una tendencia hacia la violencia urbana, con el reclutamiento y participación en organizaciones criminales, y en el caso de las mujeres migrantes, a la explotación sexual y tráfico de personas por parte de redes criminales.
Cali es el centro urbano de mayor importancia en el suroccidente colombiano y es una ciudad de tránsito como corredor hacia los países limítrofes de Ecuador y Perú. Por su ubicación geográfica, las medidas migratorias adoptadas por estos países, así como el panorama político, social y económico incidirán en el comportamiento de los flujos migratorios hacia Cali. Lo anterior, se ha visto evidenciado en reiteradas ocasiones, cuando Ecuador y Perú han impuesto barreras migratorias para el ingreso y permanencia en sus territorios de nacionales venezolanos. Esto ha generado una represión de migrantes en las zonas de frontera y un aumento significativo en la llegada e instalación de estas poblaciones a la ciudad de Cali.
Asimismo, en agosto de 2020, a raíz del aumento de los casos de COVID-19 en Ecuador, y ante el miedo del contagio, se generó la salida masiva de este país de venezolanos y ecuatorianos en la búsqueda de mejores condiciones.
En el marco del Paro Nacional de mayo de 2021, Cali ha sido el epicentro de la protesta social. En este escenario, la población migrante ha sufrido una afectación particular asociada a la xenofobia y a las deportaciones, ya que las autoridades aparentemente identifican a población venezolana en actos de revuelta violenta y bajo este argumento realizan expulsiones. Estos hechos, junto con la visibilidad mediática y las reacciones en las redes sociales, contribuyen a incrementar la xenofobia y expone a otros migrantes a ser deportados -sin el debido proceso- al ser vinculados con la protesta social, como se ha presentado años anteriores.
Vulnerabilidad transversal
Presencia de actores al margen de la ley, historia de conflicto armado en el territorio y delitos conexos
Las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes en el territorio relativo a su acceso a documentación, desconocimiento de las dinámicas del territorio, retos de ocupación y escolarización, los convierten en sujetos de especial riesgo ante estas dinámicas propias de los territorios donde se asientan. Como es reforzado en las entrevistas, los migrantes se asientan en zonas donde tradicionalmente han llegado víctimas del conflicto y que son por lo general áreas marginales de la ciudad, llamadas "invasiones” y territorios en alto riesgo. Las condiciones precarias en ocasiones hacen atractiva la vinculación a las actividades ilícitas a las que invitan estos actores o dejan a la población desprotegida y desinformada sobre las modalidades de trata de las que pueden ser víctimas.
Género
Violencia basada en género (VBG): doble y triple afectación por la experiencia migratoria
Se evidencia en las conversaciones una preocupación por las dimensiones de violencias de las que son víctimas las mujeres migrantes a través del ciclo migratorio. Además de reconocer una alta prevalencia de violencias en el hogar en el lugar de origen, que en casos es uno de los factores que lleva a la migración, es evidente que las rutas de migración inseguras o irregulares exponen a las mujeres a múltiples violencias y a un alto riesgo de trata y explotación.
Con respecto al proceso de asentamiento, organizaciones como el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI (GAPI), Colonia de Venezolanos en Colombia (Colvenz) y Uniminuto destacan la tendencia de hípersexualización hacia la mujer venezolana migrante desde la cual se configura un número de violencias individuales y estructurales que dificultan la búsqueda de medios de vida; barreras burocráticas para la convalidación de títulos (ej. apostilla), procesos de contratación demandantes, la disparidad de oportunidades entre hombres y mujeres y el acoso y abuso sexual en el ámbito laboral resultando en una constante vulneración a los derechos de la mujer.
Además en el ámbito de lo privado, en asentamientos, paga diarios y otros espacios de convivencia donde se ubican las mujeres migrantes y sus hijos se encuentran altos niveles de abuso sexual y VBG contra mujeres y niños, niñas y adolescentes por parte de familiares y conocidos.
Explotación sexual en contextos de prostitución
Con respecto a las dinámicas de explotación sexual comercial de mujeres y niños, niñas y adolescentes en el territorio, lideres de la administración local identifican la Plaza de Caycedo en Cali como un escenario de prostitución donde se han vínculado mujeres y jóvenes migrantes. Aunque la Personería de Cali ha desplegado operativos para la identificación de casos y la respuesta, no hay una caracterización de los reclutadores y se hace difícil orientar la respuesta cuando las mujeres y la comunidad no identifican este. Save the Children también ha identificado un foco de explotación de niños. niñas y adolescentes en Palmira.
Niños, niñas y adolescentes
Abuso y negligencia
Existe una preocupación por negligencia hacia niños, niñas y adolescentes en inquilinatos, hoteles y paga diarios que se ve reflejado en la alta prevalencia de maltrato físico y psicológico, y las condiciones inadecuadas o insalubres para la crianza y desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El tema de abandono y niñez no acompañada se observa con preocupante frecuencia y representa un número de retos de protección de la institucionalidad para garantizar el proceso de restitución de derechos, la posible reunificación familiar o el ingreso de niños, niñas y adolescentes al sistema de protección colombiano.
Trata infantil: explotación sexual, uso y utilización para fines de mendicidad ajena, (alquiler de niños y niñas), y trabajo infantil
La exposición en las calles y en los asentamientos de niños, niñas y adolescentes sin escolarización aumenta el riesgo de victimización ante varias modalidades de trata de los cuales se destaca la explotación sexual y el uso y utilización para fines de mendicidad y mendicidad ajena denominada comúnmente como “alquiler de niños”.
Documentación: niños apátridas, niñez no acompañada
Hay un vacío en la documentación de niños, niñas y adolescentes migrantes que afecta el proceso de inserción al sistema educativo y limita la capacidad de respuesta de entidades competentes en el proceso de restitución de derechos humanos. Especialmente en el caso de niñez en la calle y niñez no acompañada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) identifica una dificultad al evidenciar lazos familiares y atender a la niñez que se origina en dos dinámicas: la dificultad de registro de niños, niñas y adolescentes ante la institucionalidad colombiana por gatekeeping y la desconfianza de familias migrantes al presentarse ante la institucionalidad con un estatus migratorio irregular.
Población general
Xenofobia institucional: orientación de las acciones y los discursos desde la administración
A pesar de que existen unas estructuras de respuesta a la población migrante, persiste un discurso institucional de xenofobia por parte de los representantes de la administración local y las autoridades. Estos discursos en redes sociales y medios de comunicación tienen un impacto en la percepción general sobre los migrantes generando y reproduciendo imaginarios estigmatizantes y discriminatorios que tienen consecuencias reales/materiales en la vida de los migrantes.
Las autoridades aparentemente identifican a población venezolana en actos de revuelta violenta y bajo este argumento realizan expulsiones. Estos discursos afectan la percepción pública impactando temas de acceso a la vivienda y a medios de vida. La orientación de la respuesta hacia el retorno está en violación de los tratados internacionales sobre la protección y migrantes y refugiados.
Acceso al trabajo digno: conversaciones con privados
De acuerdo a las narrativas de conversaciones con el sector privado, es evidente que el empresario en la ciudad prioriza el empleo de nacionales, justificado bajo imaginarios que aclaman que “el venezolano le está quitando el empleo al colombiano”. Como exponen, el nivel de desempleo y necesidad en la ciudad de Cali es tan alto que como sector privado se debe priorizar a los “compatriotas”: “No es que uno no quiera (ayudar). Es que si no podemos ni con los propios”.
Múltiple afectación de las poblaciones más vulnerables en la ciudad sumado a la experiencia migratoria
El recrudecimiento de la violencia en Cali, relacionado tanto al conflicto armado como a temas de violencia urbana, sumado a situaciones coyunturales como la pandemia por COVID-19, la ola invernal y el paro nacional, ha creado un contexto de múltiple afectación para las personas más vulnerables que ahora afecta de manera desproporcionada a migrantes en el territorio. A la vez, estos factores han creado gran presión en el aparato administrativo concentrando recursos humanos y monetarios en la atención inmediata, lo cual ha truncado procesos de protección y respuesta a la población migrante a largo plazo.
Capacidades institucionales
Desde la Alcaldía de Cali se ha designado a la Secretaría de Bienestar Social y la Subsecretaría de Atención a Víctimas del Conflicto como las entidades responsables de la respuesta a la población migrante. Además, se creó el Comité de Atención a Población Migrante (CAPM), cuya función es “promover la coordinación y articulación interinstitucional para la ejecución de planes, programas, proyectos y acciones en materia de atención a población migrante”. Estos organismos han dispuesto diversos planes de trabajo para alocar recursos y personal a la atención de la población migrante desde un enfoque de bienestar y derechos humanos.
Sin embargo, durante las entrevistas se evidencia que las acciones de la administración han sido en su gran mayoría orientadas únicamente desde la atención humanitaria o desde un enfoque de “seguridad y estética”. Acciones como el plan retorno y los constantes retiros de migrantes en la zona de la terminal de transportes de la administración municipal han sido fuertemente criticados por su aparente desinterés por el bienestar de la población, la posible violación del principio de no retorno bajo parámetros internacionales y la priorización en el “embellecimiento” de la ciudad en vez de la protección de los derechos de la población migrante.
El cambio de administración a nivel municipal ha sido mencionado reiteradamente como un reto para la continuidad de procesos de articulación para la respuesta a población migrante. Organizaciones pertenecientes al Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) manifiestan que la relación con la administración anterior permitió el avance de muchos planes de trabajo que se han visto truncados por el cambio administrativo. Del mismo modo, el ICBF reitera que la línea de acción de la nueva administración desde el enfoque en los corredores humanitarios y el plan de retorno ha hecho difícil la articulación y cohesión en la respuesta con la cooperación y la sociedad civil.
Aunque los lineamientos internacionales y un mandato a nivel nacional atribuye a la administración local el rol de garante de derechos, se hace evidente que los entes institucionales locales priorizan la atención a la población Colombiana “dejando” a la población migrante a ser atendida por la cooperación (ignorando su carácter subsidiario). La dificultad para la articulación y activación de rutas a nivel municipal dejan a muchos migrantes desprotegidos especialmente en tema de salud y educación.
Además, esto ha causado especial preocupación en la atención a víctimas-sobrevivientes de VBG. El GIFMM resalta que aunque la Subsecretaría de Género de la Secretaría de Bienestar Social debería atender estos casos, ellos alegan que quien debe atenderlos es la Subsecretaría de Atención a Víctimas. Esto genera una diferenciación entre la atención a mujeres colombianas y las venezolanas que retrasa o dificulta el acceso a rutas para mujeres migrantes.
Desde la Gobernación, se asigna a la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana por medio de la Oficina de Atención e Información al Migrante para la atención a esta población. Aunque actores de la sociedad civil mencionan que la Gobernación sólo ha respondido a los migrantes en temas de acceso a servicios de salud, actores del GIFMM y la academia resaltan a la Defensoría del Pueblo Delegada para la Protección de Población en Movilidad Humana a nivel departamental por cumplir una labor importante en la atención especializada en materia de protección, garantía, promoción y divulgación de los derechos de la población migrante. Aunque son reconocidos en el territorio por su importante intervención en materia migratoria, la Defensoría misma identifica que con solo tres funcionarios para cubrir 41 municipios se ven muy limitados en su capacidad de respuesta en términos de fondos y personal.
Desde la Gobernación, se asigna a la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana por medio de la Oficina de Atención e Información al Migrante para la atención a esta población. Aunque actores de la sociedad civil mencionan que la Gobernación sólo ha respondido a los migrantes en temas de acceso a servicios de salud, actores del GIFMM y la academia resaltan a la Defensoría del Pueblo Delegada para la Protección de Población en Movilidad Humana a nivel departamental por cumplir una labor importante en la atención especializada en materia de protección, garantía, promoción y divulgación de los derechos de la población migrante. Aunque son reconocidos en el territorio por su importante intervención en materia migratoria, la Defensoría misma identifica que con solo tres funcionarios para cubrir 41 municipios se ven muy limitados en su capacidad de respuesta en términos de fondos y personal.
A pesar de los esfuerzos que se vienen realizando desde el nivel municipal y departamental individualmente, Migración Colombia y el Centro de Orientación y Atención a Migrantes (COAMIR) resaltan que la desconexión entre la Alcaldía y Gobernación que afecta la capacidad de articular una respuesta integral para la población migrante, considerando especialmente que la zona metropolitana (Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo) tiene un rol crucial en las dinámicas de asentamiento de migrantes y los flujos de migrantes itinerantes que ingresan y salen de la ciudad por trabajo. En Jamundí hay una mesa de atención a población migrante y en Palmira el mismo recurso está en proceso de constitución.
Otras disposiciones relevantes a nivel departamental incluyen:
En el Departamento del Valle, los Decretos que crean el Comité de Trata son el 834 y 585 de 2008, y está compuesto por Defensoría, Policía, Fiscalía, Migración Colombia, Secretaria de Salud, Secretaría de Educación, Secretaria de Equidad de Género y la Secretaria de Convivencia Ciudadana, quien hace la Secretaría Técnica. Actualmente llevan a cabo talleres municipales en materia de prevención de la trata y trabajan articulados con el Comité de lucha contra la trata de Santiago de Cali.
Desde el Comité departamental identifican dos elementos centrales a mejorar:
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El programa de protección a víctimas liderado por la Fiscalía General de la Nación, donde las víctimas deberían ser tratadas como prioridad.
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Falta capacitación a funcionarios para mejorar la identificación de las víctimas, ya que los funcionarios públicos tienen alta rotación (en cada gobierno o más frecuente) y muchas veces no conocen del tema, incluidos los funcionarios de la Fiscalía.
La Ordenanza 270 de 2008 crea el Consejo de Atención integral para la población migrante. También se lleva a cabo una mesa regional para la migración, que la preside la Gerencia de Frontera, que actualmente está revisando la socialización y fortalecimiento del proceso de aplicación del estatuto en el departamento.
El programa 201001 Programa Derechos Humanos, Paz y Reconciliación Niños, niñas adolescentes y jóvenes sensibilizados para la prevención de los delitos de desaparición, trata, reclutamiento forzado, uso y utilización de menores, que tiene como organismo responsable la secretaría de paz y cultura ciudadana.
Plan de prevención de uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, que se articulan con actividades en contextos de educación desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación.
Desde el enfoque de género se identifica la siguiente normativa vigente:
“Política pública para las mujeres: Reconocimiento, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades 2009-2020” que, aunque fue formulada antes del aumento en las dinámicas migratorias, tiene en cuenta las situaciones diversas de las mujeres migrantes, muy relacionado con la dinámica del desplazamiento forzado interno y la migración indígena a las ciudades.
El Plan de Desarrollo contiene el programa 202011, “Todas las mujeres, todos los derechos” y el programa 202008, “Calidiversidad”, que propende por los derechos humanos de la población LGBTI, ambos coordinados por la Subsecretaría de Equidad de Género de la Secretaría de Bienestar Social.
La Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género ofrece atención especializada y orientación a las mujeres, así como, activación de rutas y acompañamiento a casos específicos. Igualmente, hace incidencia, recordando en todas las instancias las obligaciones que tienen de proteger y atender a todas las mujeres migrantes, en caso de que sean víctimas de violencias basadas en género.
La Gobernación del Valle del Cauca cuenta con el Observatorio de Género, en alianza con otras instituciones, en el que se articula información y rutas de atención para la protección de los derechos de las mujeres en el departamento, espacio que puede ser una oportunidad para las mujeres migrantes.
Las violencias basadas en género son tratadas también desde la Secretaría de Salud Pública. Las funciones de la Subsecretaría de Género están establecidas en el Decreto 0516 de 2016 de reforma administrativa al municipio.
Capacidades organizacionales
Se identifican dos nodos de trabajo que se articulan desde y alrededor de la Pastoral Migrante de la Arquidiócesis de Cali y el GIFMM. Además de su liderazgo en la respuesta a la población migrante, estos han estimulado la creación de oferta de servicios en el territorio por parte de diversos actores y a la vez, se ven como los entes articuladores desde los cuales se marcan dos líneas de acción: la respuesta humanitaria inmediata y el desarrollo de proyectos sostenibles para la integración social y económica de la población.
Pastoral Migrante y el GIFMM desarrollan planes de trabajo para una respuesta híbrida. Por su lado, Pastoral Migrante ha dispuesto el espacio de COAMIR como un centro de Orientación y Atención que busca la activación de rutas para la prevención y protección de derechos humanos de la población. A la vez, en este centro se disponen un número de servicios para la población en temas de salud, alojamiento, y alimentación para atender las necesidades urgentes de la población, de la mano de la cooperación internacional.
Por otro lado, con organizaciones de la sociedad civil y la academia, han creado e impulsado esfuerzos para la incidencia en políticas públicas en tema migratorio, proyectos para la empleabilidad y el emprendimiento (Poder Sororo) y apuestas para el desarrollo comunitario, la convivencia y la paz. De esta manera, Pastoral Migrante busca dejar capacidades instaladas en las comunidades y las organizaciones y liderazgos que surgen de las mismas.
Por su lado, las entidades miembro del GIFMM y este como ente articulador también demuestran operar en estas dos corrientes. Por un lado, como se menciona anteriormente, se identifica una extensiva oferta de servicios catalogados como asistencia humanitaria en la forma de cash, jornadas de salud, entrega de kits de aseo, alimentación o kits escolares y otras ayudas inmediatas especialmente relevantes en el contexto de la pandemia por COVID-19. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de Heartland Alliance, ha dispuesto el espacio de la Casa de Derechos como un sitio para la atención psicosocial y legal de la población migrante que responde tanto a la respuesta inmediata como los esfuerzos de regularización de la población migrante.
En simultáneo, por medio de la creación de mesas de trabajo, el GIFMM ha apoyado a la institucionalidad por medio de la asesoría técnica para la creación de capacidades instaladas de respuesta en los organismos estatales a nivel territorial. De este modo, se busca una respuesta integral que sostiene las necesidades inmediatas de la población, mientras fortalece la articulación y capacidad de la institucionalidad local.
Nodo 1
Nodo estratégico de prevención, protección y respuesta para la integración social y la creación de capacidades en el territorio
Procesos de medios de vida, empleabilidad y emprendimiento por parte de la sociedad civil:
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Fundación SIDOC (Siderúrgica de Occidente)
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Fundación Carvajal con la ONG Cuso International
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Minuto de Dios
Fortalecimiento de capacidades y promoción de liderazgos en la comunidad:
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Poder Sororo
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Colvenz
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Risk Boys Crew
Enfoque psicosocial:
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Se destaca una especial preocupación por ofrecer servicios en atención psicosocial como herramienta esencial para la creación de capacidades en las comunidades.
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Identificando el duelo migratorio como un fenómeno real y muy importante para los migrantes, este nodo ha priorizado la creación de una oferta sostenida en servicios individuales, familiares y comunitarios para apoyar el proceso de duelo y brindar herramientas para la integración y la pertenencia de los migrantes.
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Actores como Heartland Alliance, Fundación SIDOC, Colvenz y Poder Sororo han adoptado estos servicios como un elemento esencial de la respuesta a largo plazo con la cual acompañan otros procesos de educación en derechos, acceso a medios de vida y cohesión comunitaria.
Nodo 2
Nodo de la atención y respuesta inmediata
La presencia de más de 25 organizaciones de cooperación internacional en el territorio como parte del GIFMM, ha posicionado a la cooperación como líder en el acompañamiento de la población en temas de salud, transferencias monetarias, alimentación, alojamiento, y orientación psicológica y legal. Además, con la entrada en vigencia del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), son las mismas organizaciones poniendo a disposición de la institucionalidad recursos para facilitar el registro y estimular la implementación de la normativa.
Desde la subsecretaría de víctimas se disponen servicios para la población migrante pero la accesibilidad a estos servicios y su efectividad en la prevención, protección y respuesta a los derechos de la población migrante no es clara.
La respuesta ante violaciones a derechos humanos que se ejecuta desde el ministerio público se plantea indistinto de la nacionalidad del individuo, al igual que la respuesta del ICBF. No hay un enfoque diferencial en la respuesta “primaria” por parte de las entidades del Estado.
Entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil coinciden en la percepción que hay una sobreoferta por parte de la cooperación internacional y la Alcaldía de atención humanitaria concentrada en la población migrante. De acuerdo con la Defensoría, la asistencia humanitaria en forma de cash y otras estrategias de respuesta inmediata pueden solucionar necesidades del día a día pero no apoyan la estabilidad que necesitan las poblaciones migrantes. Estas ayudas, como expresan Pastoral Migrante y Colvenz, no pueden contabilizarse como triunfos de la intervención porque al final del día no tienen un efecto transformativo en la población migrante.
Gatekeepers: se identifican importantes limitantes en el acceso a la salud y la educación atribuido a la xenofobia por parte de funcionarios públicos y prestadores de servicios:
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En Cali se hizo evidente una especial preocupación por las barreras de acceso de niños, niñas y adolescentes a la educación. Se han identificado porteros y rectores de colegios en ejercicios discriminatorios, que por más que haya disponibilidad de cupos, bloquean el acceso a colegios y escuelas. Lo mismo ocurre con respecto al acceso a servicios en salud, que se enfrentan a disposiciones sobre el interés superior del niño reconocido en la normativa colombiana.
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El acceso a salud de mujeres migrantes lactantes y gestantes se ve limitado y condicionado por expresiones xenofóbicas por parte del personal médico resultando en malos tratos y negligencia.. Esto se ve atravesado por una carencia generalizada de servicios en salud sexual y reproductiva, especialmente el acceso a métodos anticonceptivos para mujeres migrantes.
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El acceso al trabajo y a la bancarización se ve condicionado por expresiones xenófobas que impiden la inclusión laboral de migrantes en el sector formal. Esto afecta a mujeres de manera desproporcionada ya que no solo se ven afectadas por creencias sobre la capacidad de la mujer para trabajar y el cuestionamiento de su capacidad productiva siendo madres, sino también creencias xenofóbicas sobre la contratación de migrantes.
Hay una desconexión entre la Alcaldía y la Gobernación que afecta la capacidad de respuesta en el territorio considerando que la zona metropolitana tiene un rol crucial en las dinámicas de asentamiento de migrantes y los flujos de entrada y salida de la ciudad durante el día por trabajo (migrantes itinerantes). La falta de coordinación entre municipios dificulta la posibilidad de materializar rutas de atención, de brindar continuidad en procesos y a la vez, ha llevado al movimiento de personas hacia Cali, cuando se les dificulta acceder a la institucionalidad de su localidad.
El Valle del Cauca es un departamento de alto tránsito de migrantes y flujo migratorio con destino al sur, lo que dificulta aún más censar y caracterizar esta población. De acuerdo con el GIFMM, “el reto más grande está en que si no se sabe a fondo cuáles son las necesidades que tienen y las principales violaciones a los derechos humanos, es difícil definir una estrategia de atención.
Estas se fundamentan en los datos que tiene Migración Colombia, pero hay un universo más grande que no se alcanza a definir”. La Personería resalta la necesidad de una herramienta de sistematización para dar uso a los múltiples esfuerzos de caracterización que se han llevado a cabo en el territorio y poder orientar la respuesta con base en los datos.
Resistencia por parte de actores privados ante la integración socioeconómica de la población migrante desde el empleo formal:
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Dificultad de empleabilidad para jóvenes: barreras de ingreso por requerimientos en experiencia y capacidades, sumado a las limitaciones de los jóvenes migrantes como la certificación de bachillerato y estudios para el trabajo.
El GIFMM, Colvenz y Migración Colombia determinan que las instituciones son la última instancia considerada por los migrantes en busca de información, servicios y respuesta. Esto se atribuye a dos factores: desinformación y desconfianza. Por un lado, la Defensoría del Pueblo y el GIFMM reconocen que el entramado institucional colombiano es confuso para nacionales venezolanos que vienen acostumbrados a un modelo de gobernanza completamente diferente.
Los migrantes presentan dificultades para entender las funciones y capacidades específicas de las dependencias a las que deben acudir en busca de servicios y no reconocen sus propios derechos dentro del territorio. Esto también refleja una necesidad del acceso a información y la pedagogía en ciudadanía y derechos que facilite que los migrantes acudan de manera oportuna a las dependencias del estado de acuerdo a sus necesidades.
Por otro lado, la Personería y líderes de base comunitaria resaltan que el estatus irregular y el temor por verse en riesgo de deportación (ser deportable) (Colvenz) al igual que experiencias de violencia y discriminación al acercarse a dependencias del estado han causado una desconfianza generalizada por la institucionalidad Colombiana que detiene a los migrantes a la hora de buscar ayuda o servicios:
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Esto se evidencia en conversaciones con el ICBF que comenta que los uniformes o chalecos de la entidad y de la policía generan gran resistencia en las comunidades.
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Aunque es evidente que el acercarse a la institucionalidad no llevará a una deportación o expulsión, se encuentran casos de expulsiones o deportaciones presuntamente sin debido proceso a migrantes involucrados con temas de orden público, convivencia y criminalidad.
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Colombia no ha tenido un proceso sistemático de expulsión o deportación. Migración Colombia está en lo correcto cuando abre un proceso pero tiene que tener en cuenta el debido proceso. En la práctica, ha habido algunos casos de persecución a migrantes lo que va en contravía de los acuerdos internacionales. También cuando los migrantes se involucran en algún tema de orden público o delito, se ve como causal de deportación o expulsión.
En el proceso de recolección de datos se identificaron importantes liderazgos femeninos como lo es el caso de Colvenz y Poder Sororo. Es importante entender y potencializar las capacidades de estas mujeres en sus comunidades y territorios y buscar espacios que reconozcan también la agencia de la mujer migrante.
Desde la Gobernación y la Mesa de Trata se busca apoyar la articulación de las entidades de la zona metropolitana y sus funcionarios a través de implementación del plan de acción del comité departamental de Lucha Contra la Trata.
En el GAPI adelantan acciones de litigio estratégico para la protección y respuesta a violaciones de derechos humanos de población migrante y refugiada en Cali. El GAPI también busca crear un observatorio de migraciones y laboratorios de acceso a derechos de población migrante.
Se vienen realizando esfuerzos importantes en materia de integración socioeconómica de la población migrante por medio de la sociedad civil. Es importante fomentar canales directos entre estos programas y los privados. Con la entrada en vigencia del estatuto, es importante mejorar los canales de información para asegurar el conocimiento de la normativa y responder a las barreras culturales y sociales que previenen la integración de la población por causa de creencias discriminatorias y excluyentes.
Existe una infraestructura institucional para la respuesta a las víctimas del conflicto armado, especialmente en el tema de desplazamiento interno que puede trasladarse a la respuesta a migrantes provenientes de Venezuela. Además, en el marco de la violencia en el territorio vallecaucano, se evidencian casos de desplazamiento de migrantes, violencia que se ha tildado como “doble afectación”. Es importante aclarar como estos marcos preexistentes cobijan o pueden cobijar a la población migrante en la ciudad y a la vez, responder de manera más eficiente a las poblaciones de acogida que por lo general son donde históricamente se han asentado víctimas del conflicto armado
En Cali fue difícil identificar una problemática o población específica para priorizar como punto de entrada al trabajo en el territorio. Desde la exploración de la historia del conflicto y el ecosistema de violencias urbanas de la ciudad, se contempla un enfoque de construcción de paz como el expuesto por la Fundación SIDOC donde se comprenden los contextos de las comunidades de acogida y se concentra la acción en tres dimensiones:
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El desarrollo personal y el proyecto de vida.
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La atención psicosocial individual, familiar y comunitaria para el trámite del duelo migratorio, la integración y la pertenencia.
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La construcción de paz con todos los miembros de la comunidad, especialmente la juventud para interrumpir ciclos de violencia y estimular el desarrollo social.
Percepciones frente al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos
Los datos para la ciudad de Cali se recogieron en los meses de marzo y abril de 2021, muy cercano al primer anuncio del Estatuto. En este momento, la información sobre su contenido total y su implementación no estaba completamente disponible al público, lo cual se vio reflejado en estas conversaciones donde los participantes expresan un número de dudas sobre su funcionamiento. La gran mayoría de estas han sido resueltas más recientemente, desde la apertura del pre-registro el pasado 5 de mayo.
