ANÁLISIS POLÍTICO ECONÓMICO APLICADO
Barranquilla
Género
Interseccionalidad de violencias (xenofobia y VBG)
Se evidencia una alta prevalencia de la VBG en Barranquilla. De acuerdo con las narrativas de representantes del sector público, estas violencias no hacen distinción por nacionalidad o estatus migratorio y afectan a la mayoría de las mujeres por igual.
Sin embargo, profundizando en las conversaciones con actores de sociedad civil y cooperación internacional, es evidente que las mujeres provenientes de Venezuela sufren de altos niveles de sexualización y se ven expuestas a contextos donde aumenta el riesgo de ser víctimas de diversas formas de VBG, como trata de personas y explotación sexual en contextos de prostitución.
Se evidencia un importante reto en el acceso y activación de rutas de atención y redes de apoyo para mujeres víctimas-sobrevivientes, que se exacerba por los temores y riesgos percibidos de acercarse a la institucionalidad de mujeres siendo migrantes.
La Defensoría del Pueblo ha identificado en múltiples ocasiones a las mujeres migrantes provenientes de Venezuela como población de alto riesgo ante la vulneración de derechos humanos y abusos relacionados a la presencia de estructuras criminales y grupos armados organizados (GAO).
Explotación sexual en diversas modalidades
Se ha identificado la explotación sexual en diversas modalidades, como la explotación sexual de mujeres migrantes (especial prevalencia de explotación de mujeres trans) en contextos de prostitución, venta de café por estadía, y casas webcam.
Altos niveles de intolerancia y abuso policial frente a trabajadoras sexuales y comunidad LGBTI
Entrevistados de la sociedad civil mencionan altos niveles de intolerancia y abuso por parte de la Policía a población LGBTI y mujeres que están en escenarios de prostitución. La brutalidad policial y la violencia urbana debe observarse a través de un lente de interseccionalidad, identificando que el riesgo aumenta a través de identidades y condiciones de mayor vulnerabilidad y marginalidad (por ejemplo, una persona cisgénero no corre los mismos riesgos en espacios públicos que una persona trans).
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y un reciente estudio de Caribe Afirmativo, se identifica un aumento de violencias contra personas LGBTI durante la pandemia de COVID-19, incluyendo homicidios y feminicidios, que vienen ocurriendo de manera desproporcionada en el Caribe colombiano.
Falta de servicios médicos especializados que afectan principalmente a mujeres
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 67 de la Ley 715 de 2001 y la Ley 1751 de 2015, se garantiza el acceso inicial de urgencias para migrantes. Sin embargo, la cobertura en otros servicios depende de la afiliación a una Entidad Promotora de Salud (EPS). Esto ha configurado un déficit significativo de servicios de salud en prevención y medicina especializada que afectan principalmente a mujeres y grupos más vulnerables.
Aunque esta demanda es atendida parcialmente por medio de jornadas de medicina general en manos de la cooperación internacional, se mantiene una especial preocupación por la atención a mujeres gestantes y lactantes y personas viviendo con VIH/SIDA en situación irregular. Su atención está siendo asumida casi en su totalidad por la cooperación internacional y la sociedad civil.
Esta situación se replica en otras áreas de la salud, como la odontología y la optometría, donde hay unas necesidades significativas que son inaccesibles al no ser consideradas como urgencia vital.
Las barreras en salud también se han hecho evidentes en la atención integral a mujeres víctimas de trata, explotación sexual y otras modalidades de VBG. En la práctica, las rutas de atención a mujeres migrantes son limitadas en sus estrategias para ofrecer una atención integral y continuada en el proceso de restitución de derechos.
Niños, niñas y adolescentes
Instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en diversas formas de trabajo infantil y explotación sexual
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) e ICBF están haciendo seguimiento a casos de matrimonio infantil y uniones tempranas que se están visibilizando en los asentamientos de migrantes. Estos son indicios ya que, de acuerdo con UNICEF, las víctimas se rehúsan a denunciar estas situaciones por miedo a las represalias.
Población general
Barreras de acceso para la inclusión financiera de población migrante en general y al trabajo
Entidades del sistema financiero solicitan a la población migrante (en condición regular) interesada en abrir una cuenta bancaria documentación adicional a su Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) o documento que acredite su estatus.
Los funcionarios de los bancos y las políticas internas son identificados como gatekeepers al imponer barreras, ignorando la normativa nacional. Al pedir documentos adicionales, como un pasaporte u otros documentos de identidad o apostillas, las entidades financieras incurren en una violación de la Circular 68 de 2017 de la Superintendencia Financiera y crean barreras de acceso al empleo formal.
Esto, debido a que la mayoría de empleadores solicitan certificación bancaria para la contratación por temas de tributación y nómina. Quienes no obtengan este documento pierden la oportunidad de acceder a empleo formal en la ciudad.
Dificultades para la inserción laboral y la permanencia
Inserción laboral: la población regular puede acceder a oferta estatal de formación para el trabajo, pero enfrentan barreras en la certificación de sus capacidades. Esto se convierte en una barrera para acceder a oportunidades que piden dichos certificados como prerrequisito para la contratación (curso de alturas, manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura).
Permanencia: de acuerdo con programas de inclusión laboral, se evidencia una necesidad latente de atención psicosocial para apoyar el trámite del duelo migratorio y otras afectaciones psicológicas propias de la experiencia migratoria. Esto hace que las personas, incluso si obtienen una oportunidad laboral, sean víctimas de estrés y preocupaciones que, luego, los haga desertar de su trabajo.
Inseguridad alimentaria a causa de la pandemia
Por la alta volatilidad de los medios de vida de los migrantes asociados a la informalidad laboral, condición exacerbada por la pandemia, se identifica una creciente inseguridad alimentaria en la población migrante. Este tipo de necesidades urgentes deben ser priorizadas en la atención a migrantes, lo cual retrasa la inversión en procesos más sostenibles de prevención, protección y respuesta a sus derechos humanos.
Barranquilla cuenta con una multiplicidad de actores que confluyen en espacios de carácter diverso (mesas de trabajo y puntos de articulación entre sector público, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil). Llama la atención que los entrevistados en el municipio resaltan la buena relación entre la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, al igual que un nivel de estabilidad política, que ha facilitado un continuo trabajo en conjunto para la respuesta a la crisis migratoria. Con esto en mente, se identifica como oportunidad programática crear acciones para potenciar estas dinámicas de trabajo articulado en los espacios ya existentes.
Cuatro puntos clave de articulación entre los actores mencionados se identifican por medio de las entrevistas. Estos funcionan como espacios y redes de protección para migrantes:
Los Puntos de Atención y Orientación (PAO).
La Casa de los Derechos para Migrantes Venezolanos en Soledad, Atlántico.
El Centro de Integración Local a Migrantes (CLM), liderado por OIM y operado por la Corporación Opción Legal.
Puntos de Referenciación y Orientación (PRO), liderados por OIM y operados por la Corporación Opción Legal.
Además de esto, se mapean tres grandes nodos de trabajo con población migrante que responden a los retos propios del territorio que incluyen, pero no se limitan a: la garantía de derechos a niños, niñas y adolescentes; la protección y respuesta a violaciones de derechos humanos a mujeres y población LGBTI; y la creación de medios de vida para la población migrante como factor protector ante otras dimensiones de vulnerabilidad.
Nodo 1
Para la garantía de derechos a niños, niñas y adolescentes
Basados en las narrativas de las conversaciones del APEA, los niños, niñas y adolescentes no tienen la posibilidad de tener un proceso de crianza regular y enfrentan diversas barreras para acceder a derechos, principalmente la educación. Esto hace que deban pasar mucho tiempo en la calle, acompañando a sus padres en actividades de “rebusque” o en los paga diarios, haciéndolos vulnerables a las dinámicas propias de sus contexto como el uso y utilización de niños para fines de mendicidad, abuso y explotación sexual, reclutamiento forzado y otros riesgos.
Dado el panorama, se evidencia mediante el APEA la existencia de un nodo denso de trabajo que, mediante instancias, programas y planes liderados por la Alcaldía de Barranquilla y con el apoyo de entidades de orden nacional y organismos de cooperación internacional, busca proveer espacios para la garantía de derechos de la niñez, tales como:
Círculos de aprendizaje: iniciativa liderada por UNICEF que busca la flexibilización de la oferta educativa y ampliar la matrícula de niños en la ciudad, para garantizar el acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes, para luego ingresar al “aula regular” del sistema educativo colombiano. Esta metodología se ha puesto a disposición de la Secretaría de Educación de Barranquilla para la inclusión de niños, niñas y adolescentes migrantes y para asegurar la continuidad educativa durante la pandemia de COVID-19. El Foro de Israel para la Ayuda Humanitaria Internacional (IsraAID) también ha apoyado la implementación de esta metodología.
Espacios protectores para niños, niñas y adolescentes: como parte de la oferta disponible por el Centro de Integración Local al Migrante, la Fundación Plan Internacional está operando una iniciativa de espacios protectores, con el fin de brindar una alternativa de cuidado para niños, niñas y adolescentes en el tiempo que no están escolarizados y sus padres están trabajando. Con el apoyo de la Secretaría de Educación, UNICEF y OIM, se busca ampliar esta oferta y coordinar los espacios contra la jornada escolar. En este espacio también participa Cuso International ofreciendo información en empleabilidad a padres y la Registraduría Nacional del Estado Civil ofreciendo servicios para el registro de niños, niñas y adolescentes nacidos en Venezuela.
Proyecto “Mi casa, mi hogar”: esta es una iniciativa conjunta entre World Vision, UNICEF, la Cruz Roja, el ICBF, IsraAID, la Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo (HIAS) y la Alcaldía de Barranquilla, que busca preparar de forma didáctica a niños, niñas y adolescentes para la prevención de violencias en el hogar, VBG y educación en herramientas para la denuncia. Estas jornadas han sido complementadas con la entrega de material pedagógico y materiales didácticos, kits escolares y ración alimentaria.
Proyecto “Záfate del Uso”: programa de la Secretaría de Gestión Social de la Alcaldía de Barranquilla para prevenir el reclutamiento forzado, el uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de actores al margen de la ley. Busca modificar paradigmas que propician dinámicas violentas, transformar entornos hostiles en entornos seguros y protectores, y empoderar a niños, niñas y adolescentes hacia la autogestión de sus garantías. Aunque el tema del reclutamiento forzado no se evidenció en las entrevistas, este programa fue identificado en el análisis jurídico y de política pública (LPA) como la estrategia local para prevenir este delito.
Adicionalmente, en Barranquilla el LPA identifica instancias de atención a la niñez migrante como la Mesa de Trabajo en Infancia y Adolescencia encabezada por el ICBF y sistemas de orden nacional como el sistema de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para la atención a primera infancia y la iniciativa CUÉNTAME (ICBF). Este es un sistema de información orientado a apoyar la gestión de la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el territorio nacional. Se reportó que se atendían 5.260 beneficiarios en el distrito cuyo país de origen era Venezuela, de los cuales 2.465 no presentan documentación extranjera o nacional.
Nodo 2
Para la prevención y respuesta a violaciones de los derechos humanos con perspectiva de género
En la ruta de atención y respuesta a las VBG en el territorio se evidencia la existencia de una normativa de respuesta a casos, indistinta de la nacionalidad de las víctimas-sobrevivientes. Sin embargo, existen barreras de acceso a dichas disposiciones institucionales cuyo origen no es claro. Los actores entrevistados en el APEA mencionan temas relacionados al desconocimiento sobre los derechos de la mujer de funcionarios públicos y la latente desconfianza de las mujeres migrantes ante la institucionalidad.
Por ejemplo, la capacidad de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género en respuesta a las necesidades propias del contexto migratorio no es tan evidente para los entrevistados. De acuerdo con Mujeres sin Fronteras y el Centro de Integración Local hay dificultades durante la activación de rutas, como experiencias de revictimización y discriminación por parte de la fuerza pública y funcionarios públicos. Aunque dichas rutas se han puesto a disponibilidad de todas las mujeres del territorio, prevalecen limitantes que afectan a la mujer migrante de manera desproporcionada.
Ante estas dificultades, la respuesta a VBG se ve jalonada por los esfuerzos de la cooperación internacional y de las organizaciones de la sociedad civil, quienes han sido principales receptoras de casos y cuentan con iniciativas para su atención. Sin embargo, es claro que no hay una estrategia unificada de trabajo. En vez, se identifica una multiplicidad de iniciativas de respuesta en el territorio concentradas en la activación de rutas para atender VBG, la pedagogía para la prevención de VBG y la asistencia humanitaria.
Por medio de su participación en espacios de articulación, como la Mesa de Trabajo en VBG, el Comité de Trata Distrital y Departamental y la inclusión progresiva de las entidades estatales en sus espacios, la cooperación y la sociedad civil vienen realizando una labor crucial en el fortalecimiento de la capacidad técnica local para la prevención, protección y respuesta ante VBG en mujeres migrantes y la transversalización de un enfoque de género y diversidad sexual:
Identificación de VBG: por los retos en la identificación de VBG y el bajo reporte por parte de mujeres y niños, niñas y adolescentes migrantes, la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) ha dispuesto espacios periódicos de conversación y diagnóstico con entidades como UNICEF y la Universidad del Norte.
Programa de alojamiento “Open Homes”: por medio de la plataforma Airbnb, HIAS ha facilitado espacios de alojamiento temporal para migrantes en riesgo de calle o desalojados en el contexto de la pandemia. Esta respuesta se ha visto complementada por programas de cash, atención psicosocial y otras instancias de respuesta humanitaria por parte de la cooperación internacional.
Jornadas de atención humanitaria: identificando la prevalencia de VIH/SIDA en poblaciones migrantes, la Cruz Roja Colombiana ha realizado importantes jornadas de pruebas diagnósticas para el enrutamiento oportuno hacia tratamiento y grupos de apoyo. Además, con apoyo de la Cruz Roja Alemana, ha activado unidades móviles para servicios en salud especializada para mujeres y niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo, la OIM y la Fundación de Atención Inclusiva, Social y Humana (FUVADIS) han realizado jornadas de entrega de kits para mujeres gestantes, incluyendo fórmula para mujeres viviendo con VIH.
Casa Segura: el Consejo Danés para Refugiados ha designado unos espacios seguros para mujeres sobrevivientes de VBG en el marco de los flujos migratorios mixtos, como espacios de alojamiento provisional y transitorio. Este espacio se ha puesto a disposición de la Oficina de la Mujer para la recepción de casos. La Casa ha tenido sobre demanda por la emergencia sanitaria. Esto reitera la gran necesidad de este tipo de espacios en el territorio para el proceso de restitución de derechos de las mujeres.
Esfuerzos educativos: diversas organizaciones se han aliado para la creación de programas educativos para la prevención de VBG, temas de nuevas masculinidades y temas de migraciones y diversidad sexual.
Por parte de la sociedad civil, FUVADIS, Caribe Afirmativo y Mujeres Sin Frontera llevan el liderazgo en atención a mujeres y población LGBTI. Como se evidencia en el mapeo de actores, se articulan entre ellos y, por su experticia, se han vuelto referentes a los cuales la cooperación internacional brinda recursos para apoyarlos en la implementación de programas especializados.
En conversaciones con FUVADIS se mencionan los siguientes proyectos:
“Del banco a tu mesa”: un proyecto para responder a la inseguridad alimentaria de la población, en el cual adquieren productos a bajo precio que son destinados a población migrante vulnerable.
“Hablemos”: atención psicosocial, individual, grupal y familiar de personas viviendo con VIH.
“Seguir viviendo”: una ruta de atención a personas VIH+ para la vinculación al sistema de salud, con el fin de garantizar el tratamiento antirretroviral.
“Asesórate”: un programa de orientación legal y asesoría jurídica para radicar peticiones en atención en salud y proceso de solicitud de refugio, en alianza con los consultorios jurídicos de la Universidad de la Costa y la Universidad del Norte.
Por su parte, Mujeres Sin Frontera ha desarrollado iniciativas como:
“Sabatón de Mujeres”: una actividad de cine foro para hacer un proceso de sensibilización de VBG.
Proyecto “Orquídea mujer”: articulación con lideresas venezolanas y colombianas en Barranquilla y Soledad.
Programas como el proceso de formación e integración y formación en derechos humanos de niñas en el sector de La Playa por medio del deporte venezolano kickingball.
“Planificar es mi derecho”: en alianza con Profamilia para el acceso a métodos anticonceptivos y planificación familiar,
Mujeres sin Frontera también se ha aliado con ACNUR y la Corporación Opción Legal en el tema de empleabilidad para acompañar proceso de contratación de mujeres y fortalecer las capacidades de las organizaciones venezolanas
Nodo 3
Para los medios de vida de las poblaciones migrantes
La estabilidad en medios de vida para la población migrante se entiende como factor protector para asegurar el acceso a otros derechos fundamentales. Durante los procesos de recolección de información, el APEA hace un acercamiento con algunos representantes del sector privado, entidades estatales, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil involucrados en procesos de empleabilidad y medios de vida. Se evidencia una brecha entre el especial interés por la integración socioeconómica de migrantes por parte de la institucionalidad pública, los actores de la sociedad civil y de la cooperación, y los intereses y disposiciones de los privados para facilitar dicha absorción de migrantes como parte de la fuerza laboral formal del sector.
Las principales barreras de acceso para la inclusión laboral de los migrantes en el sector privado barranquillero se tipifican en tres categorías:
Barreras organizacionales: la autonomía del sector privado en sus procesos de contratación, permite el establecimiento de condiciones excesivas en términos de documentación y vinculación al sistema financiero (incluso a migrantes regulares). Además, los participantes reconocen la existencia de un imaginario negativo entre los privados sobre la contratación de migrantes, relacionada con la idea de que contratar migrantes quita oportunidades a nacionales y, por su alta movilidad y casos particulares de documentos falsos, se ha construido a los migrantes como empleados no confiables. Esto limita la disposición de los privados para su inclusión y contribuye a la reproducción de discursos xenofóbicos que causan más discriminación y violencia
Barreras del entorno: hay una falta de incentivos en el entorno para la contratación migrante, propio de la falta de difusión de información sobre la normativa vigente y la prevalencia de procesos largos y complicados para su vinculación. Esto tiene especial relevancia con la entrada en vigencia del ETPV, ya que el registro de migrantes no implica la integración laboral si no se realiza la pedagogía pertinente con privados. A la vez, el desconocimiento en derechos y deberes, tanto del empleador como del empleado, facilita las dinámicas de explotación laboral. La pedagogía en derechos humanos es clave para proteger y garantizar el empleo digno de los migrantes en el sector.
Barreras individuales: la población migrante tiene dificultades para certificar su formación, especialmente considerando la persistente falta de acceso al diploma de bachiller para migrantes regulares e irregulares, atribuido al desconocimiento de la norma y el ejercicio de gatekeeping por parte de rectores y porteros de colegios. También hay retos para la vinculación y certificación de educación para el trabajo y barreras para la convalidación de títulos.
En respuesta a estas barreras, hay una amplia oferta institucional liderada por el Centro de Oportunidades y un número de programas desde la cooperación y la sociedad civil en busca de crear incentivos para la integración laboral. El Centro de Oportunidades se resalta como un agente articulador en temas de formación, registro, orientación y acompañamiento para la empleabilidad y la creación de unidades productivas. Con el apoyo de organizaciones han implementado programas para la integración laboral de población migrante, creando incentivos para privados como la financiación de procesos formación para el trabajo, financiación de exámenes médicos, el reconocimiento público de los privados que contratan migrantes y programas integrales para el fortalecimiento de capacidades y la seguridad alimentaria.
A la vez, alianzas con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la plataforma Coursera han permitido expandir la oferta de formación para el trabajo. Además, desde la Unidad de Apoyo Empresarial, en alianza con la Universidad Simón Bolívar, se han creado estructuras de apoyo a unidades de negocio en la promoción y comercialización para fortalecer las capacidades técnicas de migrantes y colombianos.
El Servicio Público de Empleo se ha reconocido en la zona como un actor clave. Trabajando articuladamente con el Centro de Oportunidades y Cuso International han consolidado rutas para el registro de hojas de vida en base de datos para la empleabilidad, facilitando procesos de intermediación laboral.
Por medio del Grupo de Trabajo de Integración Socioeconómica y Cultural, el GIFMM también le ha apostado al trabajo articulado para garantizar medios de vida para los migrantes. La Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), la Fundación Ce Camilo y la Fundación La Cayena, desde el sector industrial de la ciudad, son otros actores mencionados que han apoyado el fortalecimiento de este nodo de creación de medios de vida.
Gatekeepers: si bien el departamento del Atlántico cuenta con diversas disposiciones normativas e instancias institucionales para la respuesta a la alta concentración de migrantes en su territorio, se han identificado significativas barreras en el acceso a dicha oferta para esta población. Actores institucionales y organizacionales han atribuido estas barreras a la presencia de gatekeepers que, por su desconocimiento de la norma y actitudes prejuiciosas o discriminatorias en contra de la población migrante, limitan su acceso a servicios, especialmente en temas de educación y salud. Se han identificado funcionarios públicos, rectores y porteros de instituciones educativas y trabajadores de la salud como principales gatekeepers.
Transformación de la estrategia de respuesta con un enfoque de permanencia: es esencial abordar las necesidades de la población migrante reconociendo la creciente vocación de permanencia en el territorio, que se ve reflejada en los discursos de inclusión por parte de la institucionalidad local. Estos son algunos de los principales retos:
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El entramado organizacional establecido en Barranquilla en respuesta a la crisis migratoria se ha aproximado a la situación siempre desde la respuesta humanitaria con la idea del “eterno migrante”. A medida que las poblaciones se asientan en este territorio, es necesaria una transformación de lo humanitario a programas que apoyen procesos de inclusión sostenibles para la cohesión comunitaria y la integración social, cultural y económica.
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Como parte de este esfuerzo, es crucial priorizar la atención psicosocial para tramitar el duelo migratorio.
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Las intervenciones deben contemplar estrategias para evitar las tensiones intracomunitarias, dado que la concentración de recursos hacia la atención a migrantes causa resentimiento en las comunidades de acogida que también viven en contextos de alta vulnerabilidad.
Enfoque punitivo en la atención a niños, niñas y adolescentes por parte del ICBF: se percibe que el enfoque de atención del ICBF para la protección de niños, niñas y adolescentes promueve la separación familiar como primer recurso para la restitución de derechos. Con frecuencia, las jornadas del ICBF en los territorios se acompañan por la Policía, creando temor y desconfianza ante la presencia (o amenaza) de la entidad. Este enfoque se enfrenta al mandato de otras organizaciones de la cooperación y de la sociedad civil, que prefieren activar otros canales antes que acudir al ICBF para la respuesta a la niñez y adolescencia. Es necesario integrar al ICBF en acciones positivas en los territorios para acercar la oferta institucional más allá de la separación y crear confianza.
Hay una desconexión entre la realidad de la crisis migratoria y el sector privado local: actores privados de alta relevancia en el sector para la empleabilidad y la inclusión laboral de migrantes parecen desconocer la situación local y/o la normativa vigente que les permitiría tomar un rol activo en la absorción laboral de esta población.
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El sector privado parece no responder a los estímulos que se ofrecen desde la institucionalidad y la cooperación internacional para la inclusión laboral de migrantes. Esfuerzos como los mencionados en el nodo de trabajo para medios de vida no han calado en el sector privado barranquillero, que todavía se resiste a participar.
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Hay unos imaginarios en el sector privado que han creado resistencia a la contratación de migrantes, relativos a la alta rotación de personal venezolano una vez contratado, y la contratación de mujeres en labores históricamente dominadas por hombres (construcción, metalmecánica, seguridad).
Gobernabilidad: en Soledad, el GIFMM afirma que existe una debilidad institucional que no es capaz de garantizar el acceso a derechos a la población migrante, lo que la obliga a desplazarse a Barranquilla en busca de atención. En el ejercicio de Evaluación del Ecosistema de Información (IEA), los respondientes a la encuesta reconocen que la negación de acceso a servicios brindados por el Estado, como salud y educación, es la tercera forma de violencia más prevalente hacia población migrante en este municipio.
Conectando Caminos por los Derechos puede aprovechar la disposición de la administración local para potenciar los espacios e instancias ya dispuestas para la prevención, protección y respuesta a la población migrante: la administración local ha desarrollado e implementado programas pioneros para la respuesta a migrantes y su enfoque ha facilitado la entrada de actores de la cooperación y de la sociedad civil para la configuración de un ecosistema de atención colaborativo.
La estabilidad política de la administración municipal ha permitido la consolidación de una estrategia a largo plazo para la inclusión de la población migrante, lo cual está alineado con el objetivo central del programa Conectando Caminos por los Derechos. Algunos de los puntos de articulación inmediatos identificados para trabajar son:
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Centro de Integración Local: apuesta a la atención sostenida a migrantes, con experiencia reconocida en otras ciudades como Cartagena y Medellín. En este espacio confluyen diversos programas de atención a población migrante provenientes tanto del Estado como de la cooperación internacional y de la sociedad civil, facilitando el acceso a un número de servicios y rutas de atención en un solo punto.
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Casa de los Derechos en Soledad: se ha realizado un esfuerzo importante por parte de la Gobernación del Atlántico, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Alcaldía de Soledad, ACNUR y el Consejo Noruego para los Refugiados para la conformación de este espacio. Desde 2019, la iniciativa ha brindado orientación sobre “rutas de atención y asistencia legal a personas refugiadas y migrantes venezolanas, desplazados internos, colombianos/as retornados/as, con un enfoque de edad, género y diversidad”.
En los APEA se menciona la Casa de los Derechos de Soledad como un espacio de articulación en una zona que es cambiante y con alta movilidad humana. La Casa de los Derechos en Soledad ha sido un esfuerzo por cerrar las brechas de atención entre los dos territorios y organizaciones como Caribe Afirmativo resaltan su trabajo y el de la Defensoría en abrir espacios de atención en este municipio.
La herencia de la atención e infraestructura organizacional en respuesta a víctimas del conflicto armado orientada a la atención a migrantes: en Barranquilla ya existía un ecosistema de atención a población víctima del conflicto armado, compuesto principalmente por agencias de Naciones Unidas y cooperación internacional, así como de organizaciones sociales, que ha permitido ajustar los mecanismos de respuesta a la crisis migratoria de una manera más expedita. Se identifican experiencias positivas de traducción de la atención a víctimas a la atención a migrantes por las similitudes en las necesidades de poblaciones móviles.
A través de los mecanismos de Conectando Caminos por los Derechos se podrían potencializar dichos esfuerzos y conocimientos previos de prevención, protección y respuesta a poblaciones vulnerables para fortalecer los procesos de estabilización e integración de la población migrante. Estas son algunas de las experiencias identificadas por su impacto positivo en la población migrante:
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Círculos de aprendizaje de UNICEF: sistema educativo flexible que permite la vinculación de niños, niñas y adolescentes extraedad para nivelarse en sus estudios y evitar la deserción en adolescentes. Durante la pandemia, este esquema ha permitido continuar la formación de los niños, niñas y adolescentes desde casa, dando acceso gratuito a los contenidos a población migrante, además de la población de víctimas. Este ha sido un apoyo técnico importante para las administraciones locales y sus Secretarías de Educación, y para aumentar la inserción educativa de niños, niñas y adolescentes migrantes.
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Adaptación del modelo de atención jurídica de población víctima para apoyar la respuesta a la población migrante: con base en el modelo construido con la Corporación Opción Legal, la Universidad del Norte ha puesto a disposición su consultorio jurídico para la orientación y atención legal de población migrante y colombianos retornados, teniendo en cuenta las similitudes en términos de vulneración de derechos entre migrantes y desplazados (falta de documentación, acceso a salud de emergencia - especialmente a mujeres gestantes - y derechos de niños, niñas y adolescentes no acompañados).
Sensibilización y pedagogía para estimular la participación activa del sector privado en contexto migratorio: si bien el sector privado reconoce que la cultura corporativa en Barranquilla tiene prejuicios frente a la contratación de población de migrantes (cooptación de plazas laborales por parte de migrantes o su inestabilidad en los cargos), reconocen que la vocación de permanencia de esta población y su formalización podrían aportar al incremento de la productividad de sus empresas y aportar al “ambiente de negocios”, es decir, condiciones favorables para que los empresarios puedan desarrollar sus actividades.
Conectando Caminos por los Derechos identifica aquí una oportunidad de articulación dentro del nodo de trabajo de medios de vida, apoyando esfuerzos pedagógicos y de sensibilización de privados en clave de la prevención, protección y respuesta a los derechos laborales de los migrantes. Esto puede complementar las siguientes iniciativas y fortalecer las capacidades de puntos articuladores como el Centro de Oportunidades.
Cuso International hace una articulación entre la oferta y la demanda laboral. Entre los incentivos ofrecidos al sector privado, esta organización canadiense apoya en los procesos de formación para el trabajo, fortaleciendo las habilidades sociales (blandas) de los participantes y financiando la superación de algunas barreras de formación para el trabajo como el curso de alturas, exámenes médicos y buenas prácticas de manufacturas.
Así mismo, Cuso International entrega un reconocimiento público a las empresas que promuevan la inclusión de población migrante, que es televisado por Telecaribe. Estas empresas han participado en la ruta inclusiva, un esfuerzo para transversalizar componentes de género y desmasculinizar roles laborales. Esta ruta podría ser adaptada para la protección de derechos laborales de la población migrante.
Percepciones frente al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos
Existen retos para la difusión de información de manera clara y oportuna sobre la normativa migratoria vigente evidenciada tanto desde el APEA como desde el IEA. Las narrativas recogidas evidencian que hay un nivel de incertidumbre y desconfianza frente a la implementación del Estatuto y las instancias que el mismo regula.
La cambiante normatividad y la implementación de un número de permisos desde las primeras olas migratorias han generado confusión y desconfianza sobre la entrada en vigencia del Estatuto. Se cuestiona el nivel de registro y la capacidad institucional de implementación en vista del bajo registro, como fue el caso del RAMV y la relativa dificultad de acceso de permisos anteriores, como el PEP de trabajo. Como es evidente en el IEA, los elementos que causan más confusión o desconfianza con respecto al Estatuto hacen referencia a:
Condiciones estrictas para su expedición (tener PEP o no, fechas de permanencia) (20,7%)
Restricción en el acceso a derechos (salud, empleo, educación, extensivo a la familia, etc.) (18,9%)
Derechos ciudadanos adquiridos para migrantes (votar, nacionalizarse, preferencias laborales) (18,9%)
El Estatuto hará que personas que estaban ilegales/irregulares logren legalizarse. (18,9%)
Regularización migratoria sin restricciones (no hay requisitos para la regularización, apertura de fronteras) (15,2%)
En las primeras conversaciones con la cooperación internacional y la sociedad civil se evidenció una preocupación por el reconocimiento del nombre identitario de personas trans, que no se veía claro en las primeras comunicaciones sobre el ETPV. Sin embargo, en revisión con el LPA se valida que esta cuestión ha sido abordada y se hará un reconocimiento de la identidad de género de los migrantes en el proceso de registro.
